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La Audiencia de Barcelona ha descartado que el juicio contra Dani Alves, que se celebrará del 5 al 7 de febrero por la presunta violación a una joven en la discoteca Sutton, se celebre a puerta cerrada, por lo que ha acordado que la audiencia sea pública a excepción de la declaración de la víctima.
De este modo, los medios de comunicación podrán asistir al juicio desde la sala de prensa del Palacio de Justicia, pero no podrán grabar el sonido ni la imagen y tampoco tomar imágenes de la denunciante o sus familiares cercanos que puedan declarar.
La Audiencia ha tomado en consideración las pretensiones de la Fiscalía Provincial, de modo que la grabación de la declaración de la denunciante será con la voz distorsionada y la imagen pixelada para "evitar que con posterioridad se pueda filtrar". También han acordado que su declaración se realice "garantizando que no haya confrontación visual" con Dani Alves.
En el caso de las partes intervinientes en el juicio, así como los testigos y peritos, deberán referirse a la víctima como "la denunciante" sin referirse a ella por su nombre o apellidos.
En este sentido, la Audiencia "prohíbe expresamente" la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la denunciante, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta y la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la denunciante o familiares.
El juicio sigue generando interés mediático. La defensa podría estar intentando alcanzar todavía un posible acuerdo en favor de Dani Alves, mientras está previsto que declaren en las tres sesiones unos 22 testigos, además del acusado, la presunta víctima y los peritos encargados de explicar los informes médicos de la denunciante (daños físicos y psicológicos).
El tribunal podrá visionar las imágenes recopiladas por los agentes de los Mossos d'Esquadra que atendieron en primera instancia a la mujer (documentos de las cámaras corporales).
La Fiscalía mantiene su petición de nueve años de cárcel para el futbolista, que ya lleva más de un año detenido en prisión provisional por un delito de agresión sexual con penetración en la noche de los hechos. Además, también reclama 10 años de libertad vigilada y una indemnización de 150.000 euros para la víctima.
Una cifra que quedó consignada en el juzgado. La acusación particular eleva la pena de prisión solicitada a 12 años. El brasileño ha intentado salir de la cárcel en dos ocasiones, pero la Audiencia Provincial de Barcelona lo ha rechazado.
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