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La Generalitat de Cataluña limitará el precio del alquiler de las viviendas en 140 municipios calificados como áreas tensionadas, donde residen 6,2 millones de personas, un 80,6% de la población del país.
El acuerdo entre la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la consellera de Territorio de la Generalitat catalana, Ester Capella, supone que los nuevos contratos no podrán superar el precio del último vigente durante los últimos cinco años y entrará en vigor a partir del próximo mes de febrero.
En el caso de un gran tenedor, con al menos cinco pisos urbanos, el alquiler no podrá ser superior al Índice de referencia del precio de alquiler. Para ello, generarán un nuevo sistema de índice de referencia, que no será homogéneo para todo el Estado y combinará el que ya había elaborado en Cataluña y el que está vigente en el Ministerio.
"Hemos acordado que en las próximas semanas concluirán los trabajos conjuntos entre la Generalitat y el Ministerio para que el Gobierno publique la memoria de declaración de zonas tensionadas y apruebe los índices que se tendrán que aplicar”, ha detallado Tal como ha explicado la consellera Ester Capella.
"El acceso a una vivienda digna es la puerta de entrada de todos los otros derechos. Es una prioridad y tenemos que trabajar para que sea un derecho fundamental”, ha remarcado remarcar la titular de Territorio de la Generalitat.
Entre los 140 municipios señalados están las cuatro capitales de provincia —Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona— y grandes localidades como L'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Sabadell, Mataró, Santa Coloma de Gramenet o Reus.
El pasado mes de agosto, el Departamento de Territorio publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) y envió al entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) la declaración de 140 municipios del país considerados como zonas de mercado residencial tensionado.
La Ley estatal por el derecho a la vivienda prevé que, una vez comunicada, el Ministerio tiene que publicar una resolución que recoja esta relación, con una vigencia de tres años, para que puedan aplicar las medidas de contención de las rentas que prevé la normativa.
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