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Los seis Mossos d'Esquadra que aceptaron la condena a un año de cárcel por golpear, escupir y llamar "mono" a un joven negro en Manresa (Barcelona) siguen ejerciendo sus funciones tras celebrarse el juicio hace cuatro meses.
Una situación que ha denunciado la entidad SOS Racismo al recordar que a pocas horas de conocerse la sentencia el 18 de septiembre de 2023, tanto el Departamento de Interior como el mismo Conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, "anunciaron en sus redes sociales que los seis agentes serían expulsados del cuerpo y perderían su condición de funcionarios públicos".
Aun así, los agentes condenados por la tortura y agresión racista siguen en activo y desde la Dirección General de la Policía argumentan que procederán a su "inmediato cumplimiento", y cerrará de manera definitiva los expedientes disciplinarios, una vez reciban la notificación ejecutoria de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona.
"Es gravísimo que funcionarios públicos, que han reconocido su culpabilidad en un delito de tortura motivado por racismo, y que han sido condenados por ello en una sentencia firme, sigan ejerciendo sus funciones con la ayuda de un corporativismo que se despliega desde el primer momento", lamentan desde SOS Racismo.
Los seis agentes reconocieron que en el mes de enero de 2019 acudieron a un piso ocupado, encontraron al denunciante y "movidos por un profundo desprecio y animadversión hacia su color de piel, lo empujaron y escupieron, a continuación lo propinaron golpes en la cabeza y patadas en los costados, mientras le lanzaban bolsas de basura y le espetaban insultos de índole racista".
Uno de los agentes lanzó un disparo al aire para amedrentarlo y le dijo: "He fallado, si no, te reviento. ¡Te he disparado, eh!"; luego le detuvieron por un presunto delito contra la salud pública y, estando esposado, le siguieron golpeando e insultando.
Por ello, SOS Racismo denuncia "el incumplimiento del compromiso y la falta de voluntad política para hacer efectivos los mecanismos previstos en la legislación para proteger a la población no blanca del racismo policial e institucional".
"Mientras no haya cambios y acciones para combatir el racismo policial, el Govern de Cataluña es responsable de hechos como los vividos. Y de este modo, el racismo institucional continuará violentando a las personas racializadas como no blancas", concluye la entidad.
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