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El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto un expediente sancionador de hasta 600.000 euros a un multiinfractor, que lidera una red organizada de alquiler de pisos turísticos sin licencia.
El titular opera desde 2016, comprando pisos y fincas enteras mediante un entramado de sociedades y personas vinculadas entre sí. Una red en la que gestionan "unos 37 pisos que han dividido en más de 70 apartamentos más pequeños que actualmente alquilan a través de Airbnb" y que suman más de 2.800 comentarios de huéspedes, según han confirmado fuentes municipales a Informativos Telecinco.
"Por primera vez se va a instruir este expediente con una propuesta final de una sanción máxima de 600.000 euros. El impacto es enorme", ha explicado este miércoles Laia Bonet, teniente de alcalde de Urbanismo de la capital catalana.
El consistorio también tiene en curso 73 órdenes de cese por pisos turísticos ilegales. "Hay claras evidencias de que puede haber acoso inmobiliario vinculado a esta actividad", ha afirmado Laia Bonet sobre un delito que se está cursando en el juzgado de lo penal correspondiente.
"Lo que hemos hecho, más allá de incoar este expediente sancionador, es trasladarlo a la unidad de investigación de la Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra y a la Agencia Estatal Tributaria para que pueda también detectar si hay otras ilegalidades de naturaleza tributaria o penal vinculadas a esta actividad ilegal”, ha añadido la teniente de alcalde de Urbanismo.
El Ayuntamiento ya ha notificado el expediente sancionador al titular, quien puede presentar alegaciones. Posteriormente, el Ayuntamiento las tendrá que responder y cuando acabe el procedimiento se fijará el importe final de la sanción, que puede llegar hasta los 600.000 euros al ser importe máximo establecido por la Ley catalana de Turismo.
Barcelona cuenta con unos 10.000 pisos turísticos en la ciudad, la gran mayoría ubicados en el centro y las zonas saturadas como Ciutat Vella y Eixample, entre otras.
La Generalitat de Cataluña aprobó en noviembre el decreto para reducir pisos turísticos, que afecta a 262 municipios con mercados de vivienda tensionados o con más de cinco pisos turísticos por cien habitantes, lo que comporta, como mínimo, la supresión de 28.000 alquileres turísticos en los 47 municipios que ya superan esta proporción.
En el caso de Barcelona, el consistorio ha abierto 22.000 expedientes disciplinarios desde 2016 y se han cerrado más de 9.000 pisos turísticos ilegales.
"En la ciudad hay 9.600 pisos turísticos que deberían ser residenciales. Provoca tensiones y subidas de precios", explicó Pere Mariner, representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos en Turismo de Barcelona.
"La rentabilidad del piso turístico es tres o cuatro veces mayor a que la del piso residencial habitual. Poco a poco se expulsa y permite la entrada solo a la gente que puede pagarlo". Una situación que también afecta al comercio, al "transformarse" según la demanda. "Cierran negocios como panaderías y ferreterías y abren tiendas con productos que no son para los vecinos", culminó Pere.
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