Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha vivido esta madrugada el mayor ataque de vándalos grafiteros en su historia. Un suceso en el que 62 personas se han colado en la estación de Vall d'Hebron, dañando la puerta, la barrera de validación y las cámaras de seguridad, hasta que han accedido al andén, donde han agredido a un vigilante y han pintado cuatro trenes y diferentes instalaciones.

Un ataque que ha ocurrido este martes, cuando arrancaba el servicio de metro, provocando una afectación en el servicio de la Línea 5 a consecuencia de los trenes pintados, que han sido retirados, aumentando así el tiempo de espera de las personas usuarias. Además, después de las evaluaciones preliminares de los daños, se calcula que el coste aproximado superará los 50.000 euros.

Por su parte, la intervención conjunta de los Mossos d'Esquadra y los vigilantes de seguridad ha permitido detener a 14 de los 62 grafiteros tras una actuación vandálica que "pone en peligro la integridad física de los vigilantes de seguridad del metro, al tiempo que crea un grave perjuicio a la ciudadanía degradando un servicio esencial como es el transporte público y generando un coste de dinero público totalmente injustificado", ha lamentado la presidenta de TMB, Laia Bonet.

"No podemos permitir que se produzcan este tipo de ataques y por eso desde TMB actuaremos con la máxima contundencia y determinación, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance, para evitar que situaciones como estas se vuelvan a repetir” ha asegurado Bonet, quien también ha querido agradecer a los vigilantes y mossos su intervención tras el ataque.

Según Transportes Metropolitanos de Barcelona han conseguido reducir a la mitad el número de metros cuadrados pintados y el coste económico durante el primer semestre del año respecto al 2022, "a pesar de la cantidad de intentos de intrusión y vandalismo grafitero se mantienen".

En este sentido, TMB recuerda que el vandalismo ferroviario es una actividad delictiva organizada que acaba teniendo un gran perjuicio sobre las personas trabajadoras, provoca un gasto económico importante e impacto a los propios usuarios, en tanto que eventualmente obliga a detener la prestación de un servicio esencial.