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Barcelona y Cambrils mirán atrás una vez más para recordar el atentado terrorista que abrió una herida el 17 de agosto de 2017 y que está lejos de curarse. Un ataque yihadista que este jueves cumple seis años, el mismo día en el que se ha confirmado la creación de una comisión de investigación de los atentados "por el derecho a saber la verdad" según Junts, que ha logrado incluir este punto entre los acuerdos con el PSOE para que Francina Armengol sea presidenta del Congreso.
"Hay muchos interrogantes que resolver y Junts quiere llegar hasta el final. Hay que aclarar la vinculación del CNI con el imam Se-Saty, si los aparatos del Estado tenían información sobre el atentado y por qué no se pudieron evitar. El acuerdo incluye que no habrá veto de comparecencias de personas relacionadas o que puedan aportar información sobre los hechos", ha explicado el partido independentista tras el pacto.
Dieciséis personas fallecieron y más de 130 resultaron heridas tras el ataque que comenzó en La Rambla de la capital catalana y terminó en Cambrils. Un suceso en el que ninguno de los seis autores materiales fue juzgado porque todos murieron. Tampoco hubo juicio a Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll e ideólogo que falleció en una explosión previa en Alcanar (Tarragona) y en la que pivota una teoría de la conspiración por sus relaciones con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El revuelo llegó con la información publicada por el diario Público en julio de 2019, según la cual el imán de Ripoll era en realidad un confidente del CNI. Un "escándalo" en palabras del ex presidente de la Generalitat catalana Quim Torra, que pidió explicaciones al Gobierno español. Del mismo modo que el exconseller de Interior Joaquim Forn, que señaló en 2019 la necesidad de "exigir una investigación a fondo".
El Parlament catalán constituyó su propia comisión y concluyó, tras 24 sesiones en 2020, que el CNI no encubrió los atentados. Sin embargo, sí dieron por "acreditada" la condición de Es Satty como "confidente" al "no poder desprenderse de que dicho servicio de inteligencia conociera la intención del imán de promover o cometer los atentados". De igual forma, la Audiencia Nacional descartó la vinculación del Estado en los ataques y desestimó todas las teorías conspirativas difundidas por grupos independentistas.
Pero la mecha del fuego que acabó por prender llegó en enero de 2022 por parte del comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien sostuvo que los atentados de Barcelona y Cambrils fueron un error de cálculo de Sanz Roldán -entonces director del CNI- que pretendía dar un "susto" a Cataluña, pero que "se le fue de las manos" al morir el imán de Ripoll.
Rápidamente el independentismo recogió el guante y solicitó en el Congreso una comisión que lo investigase para aclarar si lo del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils fue "terrorismo de Estado contra la población civil".
Menos de 24 horas después de su explosiva afirmación en el juicio por tres piezas del caso Tándem, Villarejo matizó sus palabras y explicó que en realidad se refería a que se podría haber creado un "comando ficticio" para "dar la apariencia del riesgo" de modo que Cataluña "sintiera la necesidad de la protección del Estado", pero que, al morir el imán de Ripoll en la explosión de la casa de Alcaná, todo se descontroló.
Los atentados se produjeron el 17 de agosto, en plena preparación del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Según la tesis de Villarejo, por eso convenía "dar apariencia de riesgo" para que la comunidad "sintiera" esa necesidad de protección por parte del "Estado". Lo que sirvió a Junts para apuntalar su discurso contra el Estado y alimentar la idea de que las cloacas de Interior trabajaban contra Cataluña.
Las reiteradas acciones para "reclamar la verdad" acabó por arruinar el recuerdo a las víctimas el pasado 17 de agosto de 2022 en Barcelona, cuando el acto en homenaje a las víctimas en Barcelona se convirtió en una reivindicación política. Varios manifestantes independentistas interrumpieron con gritos el minuto de silencio, que se intensificaron con la ofrenda floral mientras gritaban "les vamos a dar un pequeño susto a los catalanes" o "el Estado español es un Estado de asesinos", en referencia a las declaraciones de Villarejo.
De momento, la verdad judicial está en dos sentencias de la Audiencia Nacional (la del tribunal y la de la Sala de Apelación), que condenaron a tres terroristas por participar en la preparación de los atentados. Por su parte, nunca se ha demostrado por vía judicial y policial el vínculo de Es Satty con el CNI.
Miembros del CNI y los Cuerpos de Seguridad del Estado visitan prácticamente a todos los presos que tienen relación alguna con el terrorismo, ya sea de corte yihadista o por cualquier otra causa, con el objetivo de conseguir fuentes de confianza dentro de los sectores más radicales. Como fue el caso de Es Satty, quien fue vigilado durante cuatro años en la cárcel por su presunta relación con el yihadismo, ya que aseguró que había transportado la droga presionado por un grupo islamista.
Ahora, tras reiterados intentos de crear una comisión de investigación en el Congreso, la reclamación de Junts ya es una realidad, que "desde la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT) y las víctimas han pedido siempre", según su ex asesor Robert Manrique: "España es el único país de Europa donde ha habido atentados yihadistas y no se ha hecho una comisión de investigación. No se trata de echarse las culpas, se trata de estudiar qué falló para que no vuelva a suceder".