{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
La expresidenta del Parlament catalán Laura Borràs se enfrenta sola al juicio por presuntos contratos irregulares cuando era presidenta del Institut de les Lletres Catalanes (ILC). La vista oral empieza este viernes 10 de febrero en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. ERC y CUP no la acompañarán. De momento, Borràs ha decidido apartarse de la vida pública para centrase en el juicio. Mientras, Isaías Herrero Florensa, el beneficiario de los contratos presuntamente fraccionados, negocia un acuerdo con la Fiscalía para rebajar su condena. Su amigo también la abandona. La defensa de Borràs considera que Herrero y el tercer acusado, Andreu P., "se han transformado en coacusadores" junto al Ministerio Público.
Herrero no es un perfil desconocido para la Justicia. El programador informático presuntamente favorecido por Borràs fue condenado en 2019 a cinco años de prisión por tráfico de drogas y falsificación de moneda. Ahora, la Fiscalía solicita seis años de cárcel para Borràs y otros seis para Herrero por prevaricación y falsedad. Dados los antecedentes del amigo de Borràs, el informático no podrá librarse de la cárcel si cae sobre él una nueva pena.
La sentencia de 2019 lo condenó a dos años por falsificación de moneda y tres por narcotráfico, además de una multa de 360 euros por defraudación del fluido eléctrico.
Todo empezó con una investigación de los mossos en 2017 por colocación de billetes falsos. Las pesquisas probaron que Herrero y su socio Marc G. recibían billetes de 50 euros falsos desde el extranjero a través de un apartado postal y posteriormente los colocaban en el mercado. La policía intervino 20 billetes falsos en la oficina postal de Castellell i el Vilar (Barcelona) y al registrar el domicilio de Herrero encontraron nueve billetes falsos de 50 euros.
Durante el registro también hallaron suficiente cantidad de cannabis, pastillas de éxtasis y heroína "para traficar y lucrarse", según la sentencia. Además, tenía pinchado el contador de la luz del piso donde vivía de alquiler para evitar pagar la factura eléctrica. Fue esta investigación la que encontró los emails entre Herrero y Laura Borràs, que enviaron a los Juzgados de Barcelona.
Herrero y Borràs mantienen una antigua relación de amistad. Él fue profesor de cursos de máster y postgrado sobre literatura en la Universidad de Barcelona dirigidos por Borràs. Ambos formaban parte del grupo Hermeneia, de la Universitat de Barcelona, dedicado a la investigación literaria. Los correos intervenidos por la policía muestran la gran cordialidad entre ambos.
La Fiscalía denuncia que Borràs abusó de sus funciones y vulneró los principios de transparencia y publicidad que deben existir en la contratación pública. La líder de Junts indicó a Herrero por email cómo tenía que presentar las facturas para encubrir quién era el adjudicatario real de los contratos o para simular competencia entre varias ofertas.
En uno de los correos, manifiesta sus dudas a Borràs: "Se me hace extraño tener que hacer este tripi. (...) Ponte en mi lugar, tener que implicar a varias personas para que me hagan facturas de 3k”, le escribió a Borràs en 2013. La líder de Junts le respondió: “El presupuesto tiene que quedar como si fuesen profesionales independientes", responde, e indica que se fraccionen cada uno de los conceptos "para que quede claro que son como partes que hay que ir ensamblando conjuntamente”.
Herrero no se había manifestado hasta ahora, que avala la versión de la Fiscalía. No apunta a Borràs, pero en su escrito de defensa manifiesta que siguió las instrucciones que le dio el personal y que facturó a través de cooperativas freelance “con pleno conocimiento” de la Institución de las Letras Catalanas.
Laura Borràs siempre ha negado los hechos y ha atribuido la causa a una persecución política. La líder de Junts será defendida por el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y cuenta como perito para cuestionar la validez del material informático con Luis Enrique Hellín, condenado por el secuestro, tortura y asesinato de la estudiante Yolanda González en 1980.