Esta semana los políticos catalanes han vuelto de vacaciones para empezar un nuevo curso político. El Parlament de Catalunya ha reabierto sus puertas después de 15 días de parón y lo ha hecho con varios temas sobre la mesa: la sustitución de Laura Borràs, la continuidad o no del Govern, el Debate de política general y la negociación de los presupuestos, entre otras cuestiones.

Un inicio de curso sin duda cargado que como cada año estará marcado simbólicamente por la diada del 11 de septiembre, la primera sin restricciones por la pandemia, y por lo tanto, el primer termómetro para ver el estado del independentismo.

Veamos las carpetas pendientes, una a una.

El año político terminó con la suspensión de Laura Borràs como presidenta del Parlament, después de que el TSJC confirmara la apertura de su juicio oral por presuntamente haber amañado contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes para beneficiar a un amigo.

Borràs ya ha dicho por activa y por pasiva que no dimitirá y el bloque independentista tendrá que negociar quién asume sus funciones. Si Junts no propone otro nombre, las atribuciones las mantendrá la vicepresidenta Alba Vergés, de Esquerra Republicana. La única solución para que Junts asuma las funciones tal y como marcan los acuerdos de investidura es que dimitan Vergés y la secretaria Aurora Madaula, de Junts, y se intercambien los cargos. Esto implicaría un acuerdo que todavía no se ha empezado a trabajar.

Por ahora, el grupo parlamentario de Junts per Catalunya ha pedido a la Mesa del Parlament que reconsidere el acuerdo del 28 de julio de 2022 en relación con la suspensión de los derechos y deberes de Laura Borràs ya que consideran que la aplicación de este acuerdo vulnera derechos fundamentales como el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la participación política y principio de seguridad jurídica.

La suspensión de Borràs ha provocado que las relaciones entre ERC y JxCat, socios de govern, estén más tensas que nunca. Un sector de Junts apuesta por salir del ejecutivo, o al menos consultar con las bases la salida. Sin embargo, otros sectores no quieren ni oír hablar de ello y consideran que debe mantenerse la estabilidad del gobierno. Junts encargó una auditoría interna del pacto con Esquerra a finales de marzo, pero todavía no está terminada. De momento, según el president Pere Aragonès, ninguno de los consellers cuestiona la continuidad y el gobierno ha empezado a trabajar por los presupuestos de 2023.

El primer pleno será el 27 y 30 de septiembre, con el Debate de política general, y si Junts no propone una substituta de Borràs tendrá que presidirlo Alba Vergés. Se celebrará pocos días antes del quinto aniversario del 1 de octubre y servirá para ver las alianzas y cohesión entre los partidos. Será el segundo debate de política general del presidente Pere Aragonès.

Este debate estará interrumpido por el juicio en Madrid de la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, que está siendo investigada por desobediencia por no haber contestado a las preguntas de Vox durante su comparecencia como testigo en el juicio del proceso al Tribunal Supremo.

Si no hay movimientos y Alba Vergés asume las funciones de Borràs, en el Debate de política general la republicana tendrá que decidir si mantiene la delegación del voto de Lluís Puig, con las posibles consecuencias legales. En el último pleno que se celebró Laura Borràs si contó con su voto pero Ciudadanos ya le ha amenazado con llevarla ante la justicia si estampa la firma.

En la última Mesa de diálogo celebrada en Moncloa se llegó a la conclusión de que la desjudicialización del conflicto catalán es imprescindible para acercar posiciones. Desde el Govern de la Generalitat esperan que se concrete con la retirada y retirada o alivio de las causas vinculadas al 'procés'.

Por ello, uno de los temas clave será la posible reforma del delito de sedición, que podría abordarse en una nueva reunión antes de finalizar el año. Para esto sería necesaria la mayoría absoluta del Congreso. Desde el gobierno catalán, se ve más fácil si se tienen los votos del PSOE, Esquerra y Comuns.

Mientras, Junts y la CUP siguen críticos y escépticos con la mesa de diálogo.

Por un lado, lo que se logre en la mesa de diálogo puede condicionar en el apoyo de ERC a la aprobación de los Presupuestos Generales en el Congreso. Por otro lado, el conseller de Economía, Jaume Giró, tiene que convencer a la CUP y a los Comuns, los partidos prioritarios para Aragonès, para que voten a favor de los Presupuestos de la Generalitat para 2023, que contarán con 3.100 millones de euros más de recursos "para hacer frente a la inflación".

Antes de las vacaciones Giró ya hizo los primeros contactos y los cupaires dijeron que no avalarían unos presupuestos "continuistas". "Yo diría que nunca hemos sido socios preferentes, a la hora de la verdad, de impulsar políticas, nunca hemos sido el socio preferente, han elegido siempre al PSC o a los Comunes", señaló Eulàlia Reguant de la CUP.

Desde el PSC consideraron "incomprensible" que Aragonès descarte de entrada el apoyo de los socialistas a los próximos presupuestos de la Generalitat, y lo tildaron de un "error de cálculo".