Roberto Manrique, asesor de víctimas del 17-A, sobre la indemnización: "Pagan y se olvidan"

7.228.798,78 euros. El montante total en concepto de indemnización que recibirán 130 víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, a punto de cumplir cinco años. "Es lo mínimo", valora Roberto Manrique, asesor de víctimas de terrorismo, al considerar que "es lo que marca la ley, pero falta mucho más".

El experto de la Unidad de Atención y Valoración de los Afectados por Terrorismo UAVAT, que a día de hoy sigue conociendo a nuevas víctimas no reconocidas de los ataques del 17-A, critica que el Ministerio de Interior dé por buena la reparación del daño con la indemnización recién trascendida.

"El único argumento que esgrime cuando se le pregunta es 'ya los he indemnizado', pero es que es lo mínimo a lo que obliga la normativa. E indemnizar no significa asistir".

Lo asegura Manrique en declaraciones a este diario, mientras repasa los 13.000 folios de la sentencia de la Audiencia Nacional y se detiene en la cincuentena de víctimas reconocidas sobre las que no consta informe de Sanidad.

"Es el caso de una señora argentina, de 67 años, que sufrió una fractura de pelvis. Pero no sabemos cómo está. ¿Vive en España? ¿Se marchó a su país? No lo quisiéramos, pero ¿se ha quedado en silla de ruedas? ¿O ha necesitado operarse? No lo sabemos", condena el también abogado.

Y apostilla, recordando el caso de un niño de 20 meses con una contusión torácica, otra hepática y una factura de fémur, al que tampoco se le hizo un seguimiento para determinar la indemnización real que debería recibir: "Lo indemnizaron por lo relacionado los primeros días, como el ingreso en el hospital, pero no sabemos si se ha quedado cojo, por ejemplo".

"De acuerdo, a este niño, francés, lo habéis indemnizado, sí, pero ¿cómo está ahora? No lo han buscado, no han preguntado. Cuando ves que son capaces de hacer esto con una criatura de 20 meses, te das cuenta de que el juez Guevara no se equivocaba cuando dijo que las víctimas eran las 'grandes olvidadas'", en palabras de Manrique.

Este afectado por el atentado de Hipercor de 1987 se siente identificado en estas historias: le indemnizaron por 174 días, que incluyen días de hospital, en la UCI y de baja laboral. Después, tuvo que ir a juicio para demostrar que las operaciones que necesitó los años posteriores eran consecuencia de la explosión de ETA en el centro comercial ubicado en la avenida Meridiana.

"Me da vergüenza que un Ministerio no pueda tener información de estas personas, como me la da que no exista una oficina de atención a las víctimas de terrorismo ni una ley autonómica de víctimas", reconoce.

De las 355 víctimas reconocidas, solo 216 han solicitado indemnización al Ministerio, que ha aceptado 130 y ha desestimado otras 84. Mientras, la UAVAT ha atendido a muchas más que no gozan de dicho reconocimiento a ojos del juez ni del Ministerio, lo que lleva al asesor a lamentar que "dos terceras partes aún están sin indemnizar".

"¿Qué pasa con ellas?", se pregunta mientras espera para reunirse con un matrimonio alemán al que el ataque lo sorprendió con sus dos hijos en las Ramblas. Estos se volvieron a Alemania y es allí donde les aparecieron las secuelas psicológicas por los que reciben ahora tratamiento psiquiátrico: "Pero ellos no aparecen en ninguna lista de víctimas... ¿Cuánta gente puede encontrarse en esta situación?".

En este sentido, recuerda que algunas personas perdieron el derecho a ser reconocidas como víctimas al haber presentado la solicitud transcurrido un año del suceso o de la aparición de las lesiones.

La gran mayoría de los indemnizados figuran como víctimas de síndrome de estrés postraumático o de lesiones y secuelas de carácter leve, algo que traduce la presidenta de la UAVAT, Sara Bosch: "Padecen un sufrimiento silencioso continuado, convirtiéndose en personas más grises, vulnerables, inseguras y acostumbradas a evitar situaciones".

En declaraciones a Europa Press, asegura que las víctimas "evitan viajar, ir a zonas turísticas, a centros comerciales o incluso sentarse a una terraza para minimizar situaciones donde puede haber riesgo".

En la sentencia, hay nombres y lesiones, pero más que eso, "son vidas". "El atentado viene, nos destroza a todos, nos paraliza, pero después no tenemos miedo, volvemos a andar por las Ramblas, la vida sigue. Yo entiendo que no podemos ir con miedo, pero tenemos que revisar los protocolos y hacer autocrítica para mejorar las cosas", valora la experta.

La proximidad del quinto aniversario de la fecha es complicada para los afectados porque "las sensaciones se reviven y se vuelve a recordar, momento en el que los afectados tienen angustia e insomnio. Estos cinco años, si les preguntas cuánto tiempo ha pasado, te dirán que fue ayer. El tiempo para ellos se congeló el 17 de agosto de 2017", añade Bosch.

En un primer momento, las víctimas o familiares de víctimas tienen afectaciones psicológicas y trastornos por estrés postraumático, por lo que necesitan ayuda de profesionales para poner en marcha "un mecanismo de supervivencia y seguir con su vida".

Bosch recomienda a las personas con vivencias de este tipo que busquen a un profesional experto en trauma y que se dejen asesorar, porque es la única manera de prevenir: "Sobre todo que sigan enfocándose en las cosas bonitas de la vida, que hay muchas, que no las dejen de ver. Esto solamente es la cruz de la moneda, pero hay una cara también, y que se apoyen en la gente que les quiere, que sigan activos y que se dejen ayudar".

Bosch sostiene que hay dos vías para conseguir indemnizaciones: la vía administrativa, por la que la única competencia administrativa con potestad es el Ministerio de Interior, y la vía penal.

Para conseguir una indemnización administrativa se tienen que hacer trámites a partir de la unidad médica de la Dirección General de Apoyo a Víctimas de Terrorismo del Ministerio, que les hacen revisión para ver las lesiones y ver si derivan directamente del atentado.

"Muchas veces les dicen que ellos no están en los listados aportados por la Generalitat, que no estaban en la trayectoria de la furgoneta, o que no han aportado un informe hecho el mismo día del atentado".

Por otro lado, por la vía penal se consiguen las indemnizaciones con una sentencia firme, aunque las víctimas tendrán que volver a hacer el trámite y la unidad médica volverá a valorar las lesiones y propondrá una cuantía económica. "En la victimización primaria del atentado, se añade la victimización secundaria y las piedras en el camino, la sensación de que las víctimas no importan y de que solo se hace politiqueo", critica la experta.