Una oleada de 'okupaciones' golpea Cataluña: "Se han convertido en un gran negocio para las mafias"

Una oleada de ocupaciones está golpeando Cataluña. Barcelona y su área metropolitana se han convertido en las zonas más castigadas pero el fenómeno 'okupa' se extiende por todo el territorio. Pocos municipios se salvan y esto está provocando una alarma social porque el incremento de estos actos delictivos conlleva más incivismo e inseguridad. Ante esta situación, Foment del Treball ha pedido este lunes una nueva ley que permita desalojar de forma "inmediata" a los okupas.

"Las ocupaciones delincuenciales se están generalizando y están provocando una situación de alarma social. Se han convertido en un gran negocio para las mafias perfectamente organizadas por ello es necesario reformar la legislación actual para poder agilizar la desocupación inmediata, como se hace en muchos países europeos", ha señalado este lunes Josep Sánchez Llibre, Presidente de Foment del Treball Nacional.

Sánchez considera que España necesita "homologar" la legislación actual a la de otros países de la Unión Europea, en los que los desalojos se producen rápidamente tras conocer un allanamiento. Solo así, dice, podría evitarse las numerosas ocupaciones que se producen a diario en el territorio. Y es que durante los nueve primeros meses del 2021 se produjeron 13.389 ocupaciones, un 18% más respecto al año anterior. Y casi la mitad de estos casos ocurrieron en Cataluña, concretamente un 42%, es decir, 5.589 ocupaciones.

En los barrios de Collblanc y la Torrassa de Hospitalet del Llobregat, por ejemplo, la Asociación de Vecinos ha denunciado recientemente que en las últimas semanas se han producido varias okupaciones de locales. En un rango de 3 km, tienen contabilizados siete nuevos locales ocupados. Uno es un edificio histórico de finales de los años 20 situado en la calle del Progrés número 53. Otro en la calle Santiago Apóstol número 66. A pocos metros, en la calle Joventut, hay otros tres locales en la misma situación. Y a solo 10 minutos a pie, en la Rambla Catalana, hay una ocupación en una finca sin finalizar y otra en la calle de Goya.

Estas nuevas ocupaciones hay que sumarlas a otras dos que ya había en el barrio, situadas en la calle de Holanda y la calle del Rosselló. Sin embargo, lo que más preocupa es que estos actos delictivos comportan una afectación en el entorno. "Allí donde hay ocupación, es un foco de conflicto e incivismo. No solo es el propietario quien sufre, sino que todo el entorno", ha denunciado Sergi Llagostera, presidente de la Associació de Propietaris de Catalunya.

Desde esta asociación lamentan que las consecuencias de esta ocupación ilegal la están sufriendo principalmente los pequeños y medianos propietarios. Por ello, insisten en que los desalojos deben producirse lo más rápido posible. "A los propietarios afectados les generan un grave prejuicio. Tardan tiempo en recuperar la posesión y les supone tanto coste social como económico. La inseguridad jurídica provoca un efecto llamada por la impunidad y lentitud judicial a la hora de resolver los casos. El tema va en aumento por esto. La desocupación tendría que ser inmediata como hacen en Europa, en 48-72 horas deberían estar todo el mundo en la calle", añade Sergi Llagostera.

Para Emilio Zegrí, miembro de la Comissión Jurídica de la patronal catalana, esto "no es un problema de emergencia social, es un problema de ocupación delincuencial" y ha recordado que el código penal protege adecuadamente la propiedad privada, aunque el colapso en los juzgados retrasa los desalojos. Por su parte, Llagostera considera que la emergencia habitacional debe resolverla la administración y no los propietarios particulares. "Hay una incapacidad absoluta o falta de voluntar para resolver este problema y se traslada a los propietarios la obligación de ofrecer un alquiler social", concluye.

Actualmente el código penal contemple el allanamiento de morada y la usurpación de bienes e inmuebles como delito. "Estos dos artículos protegen al ciudadano. No es necesario una reforma del código penal el problema es el procesal. La policía tiene difícil implementar la medida cautelar correcta ante una ocupación", añade Zegrí.

Para hacer frente a esta problemática, el Pdcat, a través del grupo Plural, prevé llevar en septiembre al Congreso de los Diputados una propuesta que recoge un cambio legislativo para agilizar los desalojos. Según a explicado Emilio Zegrí, el documento propone no sólo echar a aquellas personas que "no presenten un título que les habilite para vivir en ese lugar", sino también dar más poder a los ayuntamientos y legitimar a las comunidades de propietarios.