La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para este lunes el comienzo del macrojuicio correspondientes a la investigación de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis, proceso en el cual pesa la apertura de juicio oral contra las 16 personas finalmente procesadas; tras la denuncia inicial de Emerita-Forbes Manhattan, que pujó sin éxito por dichos derechos.

El cronograma de las sesiones del juicio comienza este lunes y martes con las cuestiones previas de las partes, que son Emerita, Ecologistas en Acción y Andalucía Mining como acusaciones particulares, pues la Fiscalía no acusa en esta causa y ha pedido insistentemente el archivo de la misma y la absolución de los encartados al no apreciar delito alguno; las defensas de los 16 acusados y las entidades reclamadas como posibles responsables civiles subsidiarias, que son la Junta de Andalucía, Minorbis y Grupo México, su sociedad instrumental Minera Los Frailes y AMC Mining Ibreria.

Ya para el 31 de marzo están citados para declarar los primeros tres acusados, si bien tres de los inculpados, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto y Juan José García Bartolomé como ex gerente de la sociedad de capital de riesgo Invercaria; han optado por declarar tras las pruebas testificales y periciales, siendo citados para el 25 de junio.

En total, el cronograma dispuesto comprende jornadas desde este lunes hasta el 8 de julio y entre los testigos citados a comparecer figuran el ex consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía por el PSOE José Sánchez Maldonado; la que fuera delegada territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla Aurora Cosano, también del PSOE; o el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, entre otros.

Figuran además numerosos peritos, pues en las actuaciones pesan no pocas diligencias, como un informe de la Intervención General de la Administración del Estado favorable a la adjudicación acordada por la mesa de contratación promovida por la Junta para adjudicar la nueva explotación de la mina.

Las actuaciones de este caso, recordémoslo, están conformadas por 31 tomos que suman un total de "14.221 páginas", tres cajas de archivador, "tres baúles de madera grandes" y un disco duro de dos terabytes de capacidad.

La causa penal deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998, cuando era explotada por la sociedad Boliden-Apirsa (Andaluza de Piritas S.A.).

Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis por decisión de la mesa de contratación.

Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, alegando entre otros aspectos que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis, adjudicataria final de los derechos de explotación.

La jueza instructora de la denuncia de Emerita-Forbes Manhattan, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito, si bien tras los recursos de apelación contra tales decisiones de archivo por parte de las acusaciones particulares, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias.

Ya en octubre de 2021, la juez instructora Patricia Fernández Franco acordó la apertura de juicio oral contra las personas procesadas en la causa, figurando entre los afectados por dicha medida los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza como miembros de la mesa de contratación; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta, también por su papel en la mesa de contratación.

Por decisión de la Sección Séptima de la Audiencia de la jueza Mercedes Alaya, el juzgado amplió de nueve a 16 el número de acusados en el juicio; al haber ordenado dicha instancia provincial incluir en el procedimiento abreviado a los miembros de la comisión técnica y a Juan Manuel Revilla Delgado, jefe del Departamento de Ordenación Minera y secretario de la mesa de contratación, sumando así 16 el número final de procesados y enjuiciados.

En su auto de apertura de juicio oral, posterior a las dos decisiones de sobreseimiento revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia, la juez instructora señala presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental, acordando para "salvaguardar todas las garantías procesales" la condición de responsables civiles respecto a la Junta de Andalucía y los representantes legales de Minorbis, Grupo México y Minera Los Frailes, --la sociedad de propósito específico creada por las dos anteriores para la explotación del complejo minero--; "cifrando los daños y perjuicios ocasionados en 7.195.426 euros".

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