El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto de creación del Observatorio de Justicia Juvenil, una herramienta pionera en España y prácticamente en Europa, siendo el primero de carácter público, pues hasta ahora solo existe en Bélgica y dependiente de una fundación privada.

Su puesta en marcha coincide con el aniversario de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que el 12 de enero de 2025 cumplió 25 años. Desde entonces, las competencias en la ejecución de las medidas judiciales corresponden a la Junta de Andalucía, que gestiona los centros y servicios con un éxito de reinserción cercano al 80% de los jóvenes, lo que la convierte al sistema de justicia juvenil andaluz en un referente nacional e internacional.

Según una nota de la Junta, el Observatorio nace como órgano colegiado de consulta, propuesta y participación administrativa y social adscrito a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Contará con la participación de los departamentos de la Junta de Andalucía con responsabilidades en materia de educación, empleo, familias, formación profesional, políticas migratorias, infancia, juventud, salud y violencia de género, así como con el Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto Andaluz de la Juventud.

Será un foro de encuentro, participación, intercambio y comunicación entre las entidades, agentes, órganos y servicios públicos competentes y las organizaciones de carácter privado, profesionales y expertos que actúen en el ámbito de la Justicia Juvenil, que permitirá contar con información permanentemente actualizada y disponible.

Por ello, también contará con representantes de la Judicatura, la Fiscalía, la Abogacía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), las universidades que impartan formación en materia de Derecho, Criminología o Psicología y las entidades que gestionan los centros y servicios de la Junta de Andalucía donde los menores cumplen las medidas judiciales y se trabaja en su reeducación.

Entre sus funciones, además de recopilar los datos cuantitativos y cualitativos procedentes de los centros y servicios del sistema de Justicia Juvenil, impulsará investigaciones y estudios especializados, emitirá informes y recomendaciones no vinculantes en asuntos que puedan afectar a los menores en conflicto con la ley, realizará acciones de sensibilización sobre los derechos de éstos, analizará y evaluará las políticas públicas en la materia para mejorar el sistema, promoverá programas de formación para los profesionales que trabajan con menores infractores y organizará encuentros para compartir experiencias y avances en la reeducación de los jóvenes mientras cumplen medidas judiciales.

De igual modo, el Observatorio elaborará un informe anual sobre la Justicia Juvenil en Andalucía, que recogerá sus principales estadísticas desde una perspectiva de género y contará con un portal web específico para difundir su estudios, análisis e investigaciones en la materia.

El decreto supone el punto de arranque necesario para su constitución, ya que, una vez publicado, la sesión constitutiva deberá celebrarse en el plazo máximo de seis meses. Una vez constituido, se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al año y, además, se podrán crear grupos de trabajo sobre ámbitos específicos de interés.

Según ha recordado la Junta, Andalucía ya fue pionera en implantar un sistema informático centralizado, denominado Prisma, al que pueden acceder todos los intervinientes en el sistema de Justicia Juvenil (juzgados, Fiscalía y las entidades que gestionan los recursos). Éste permite que cada menor cuente con un expediente único digital en el que se puede compartir y acceder a toda la información actualizada sobre las medidas impuestas por el juez, el grado de cumplimiento y la evolución del menor, lo que facilita hacer el seguimiento. Supone un paso previo muy importante al Observatorio, al disponer ya de una herramienta que anonimiza e integra los datos.

La Consejería de Justicia gestiona en la actualidad trece centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI), con más de 700 plazas para chicos y chicas (incluidas unidades terapéuticas para aquellos con problemas de adicciones o trastornos mentales) en los que cumplen medidas judiciales privativas de libertad. Próximamente se pondrá en funcionamiento un nuevo CIMI en Málaga. En los últimos diez años, más de 7.300 menores han pasado por estos centros.

Para el cumplimiento de las medidas no privativas de libertad existen 17 grupos Educativos de Convivencia (GEC), ocho servicios integrales de Medio Abierto (SIMA) y se han firmado convenios con más de 220 ayuntamientos y ONG para garantizar que los menores acatan las medidas de libertad vigilada, permanencia en domicilio el fin de semana, alejamiento o prohibición de comunicación, así como para que realicen prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas colaborando con servicios municipales o entidades sociales. En la última década, más de 33.800 jóvenes han cumplido medidas de medio abierto en Andalucía.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.