Piden "actuación urgente para proteger a temporeros" en Huelva tras morir uno quemado

La muerte de un temporero en la madrugada del jueves al viernes en la localidad de Lucena del Puerto (Huelva) ha llevado este sábado a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) a pedir una "actuación urgente para proteger" a este colectivo.

En un comunicado emitido, exigen "a las administraciones locales y autonómicas" que tomen medidas de seguridad para que no vuelvan a ocurrir sucesos así. La última víctima ha sido un trabajador de Ghana, quemado al incendiarse la chabola donde dormía.

"Llevaba más de 20 años residiendo en nuestro país y se veía obligado a vivir en una infravivienda construida con materiales precarios y altamente inflamables", ha explicado la asociación. Además, ha recordado que ya hubo otros hechos similares.

"Un hombre falleció en 2019 también en un incendio y en 2021 otro fuego provocó la muerte de una pareja", ha detallado acerca de episodios anteriores registrados en asentamientos chabolistas de la provincia onubense.

Reclaman "soluciones habitacionales dignas" para temporeros

Estas personas, "en situación de vulnerabilidad extrema", sufren las consecuencias de "un sistema de explotación criminal". Denuncian que se ven condenados "a la semiesclavitud", a pesar de que son "imprescindibles" para la industria agroalimentaria.

"Genera grandes beneficios cada año", pero en ningún momento "se preocupa por garantizar unas condiciones de vida" adecuadas para los temporeros. Por eso, desde la APDHA reclaman que se les proporcionen "soluciones habitacionales dignas".

Para la asociación supone un añadido las recientes e intensas lluvias en las zonas donde residen: "Han creado un entorno de peligros y de alto riesgo para el colectivo". De hecho, en diciembre del 2024 ya tuvieron que evacuar en Lucena del Puerto "por las inundaciones".

Según apunta en referencia a las autoridades administrativas públicas, “no es de recibo que la responsabilidad" de actuar "se delegue en las asociaciones locales y en la buena voluntad de los vecinos". Ya que les compete a ellas, como marca la Constitución Española.

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