La Policía Nacional ha liberado a tres mujeres víctimas de explotación sexual y ha desmantelado un grupo criminal que presuntamente las explotaba en un piso de citas ubicado en Lepe (Huelva). Además, han sido detenidas tres personas que, supuestamente, captaban a las víctimas en sus países de origen y las trasladaban a España donde eran obligadas a ejercer la prostitución "sin descanso". Todos han sido puestos en libertad provisional con medidas cautelares.

Según ha indicado la Policía en una nota de prensa, las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución las 24 horas del día y los siete días de la semana, estando en todo momento controladas, presuntamente, por los detenidos, que gestionaban "la agenda de trabajo" de las mismas.

Así, la investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana, concretamente a través de la denuncia formulada en la página Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos, de la web de la Policía Nacional, destinada a tal fin y que garantizan el anonimato de las denunciantes. A través de dicha denuncia se puso en conocimiento la existencia de un piso de citas en Lepe.

Así, tras las primeras pesquisas se localizó el entramado, el cual estaba liderado por un matrimonio que, conviviendo junto con las víctimas en el mismo piso, lograban tenerlas controladas en todo momento.

Además, el modus operandi de la organización consistía en la captación de potenciales víctimas con escasos recursos a quienes convencían para viajar a España ofreciéndoles falsas promesas de trabajo que vendrían a paliar su precaria situación económica que les ayudaría a mantener a sus familias. Así, viajaban por avión desde su país de origen hasta España, simulando un viaje de turismo. Todos los gastos originados les eran posteriormente repercutidos formando parte de la deuda que contraían con la organización y que tendrían que saldar vía explotación sexual.

De este moco, cuando las mujeres llegaban a España eran trasladas por otro de los detenidos hasta la localidad donde ejercían la prostitución, quedando desde ese momento custodiadas y vigiladas por las dos personas que convivían con ellas. Las víctimas eran obligadas a aceptar todos los encargos sexuales durante las 24 horas del día, estando en todo momento a disposición de los clientes que requirieran sus servicios. Además, el control era "permanente", ya que los controladores recibían y cobraban a los clientes, quedándose en algunas ocasiones hasta con el 50% del pago efectuado por servicio.

Una de las víctimas que logró huir a su país de origen fue identificada por la Policía Nacional y se obtuvo a través de los mecanismos judiciales internacionales una declaración de todo el proceso de sometimiento sexual al que fue sometida, garantizando su seguridad mediante medidas extraordinarias.

Mediante esta declaración se pudo fijar el domicilio utilizado para este fin sexual y se ha conseguido detectar la presencia de otra posible víctima dentro de la vivienda, de la cual se están realizando los trámites oportunos para su protección.

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y un correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, no quedando la llamada registrada en la factura telefónica.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ayamonte, Huelva, en funciones de guardia, ha acordado la puesta en libertad provisional de los tres detenidos, dos hombres y una mujer. Tras su puesta a disposición judicial, la Fiscalía no interesó ninguna medida, por lo que se acordó de oficio dicha puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares, como son la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida de territorio nacional.

Durante sus respectivas comparecencias en sede judicial, los detenidos, a los que se investigan presuntos delitos de trata de seres humanos y pertenencia a grupo criminal, únicamente respondieron a las preguntas formuladas por su abogado.

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