El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha condenado a un vecino de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) por un delito continuado de maltrato animal a perros, con penas de 15 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con animales y para la tenencia de los mismos. Además, el acusado deberá hacerse cargo de las costas procesales, incluyendo las de la acusación particular.

La sentencia es la respuesta a una denuncia en la que se personó la asociación Galgos del Sur como acusación particular representada por la abogada Dulce Aguilera.

En concreto, el 24 de mayo de 2022, agentes de la Guardia Civil acudieron, junto con una veterinaria del Colegio de Veterinarios de Córdoba, a una finca tras recibir una denuncia por "el deplorable estado de salud de varios perros". En el lugar encontraron once animales, entre ellos tres adultos y ocho cachorros de raza mastín español, "todos en condiciones extremas de desatención y sufrimiento".

"Uno de los cachorros estaba desplomado en el suelo, presentaba bradipnea y pérdida de conciencia, y tuvo que ser sometido a eutanasia tras ser diagnosticado de parvovirus avanzado", ha detallado la asociación.

Además, ha precisado que "el resto de los animales mostraban lesiones y enfermedades graves", de modo que "una de las hembras adultas tenía la oreja izquierda amputada de forma traumática, alopecia generalizada, sarna, leishmaniasis y un estado severo de desnutrición", a lo que han añadido que "los demás cachorros, por su parte, padecían anemia, infecciones por mordeduras, abscesos, conjuntivitis, parásitos graves y distensión abdominal por parasitosis intestinal".

Desde Galgos del Sur han apuntado que "no es la primera vez que la persona condenada es acusada por maltratar animales", puesto que en diciembre de 2023 fue el Partido Animalista (Pacma) el que se hizo eco de otra denuncia vecinal --aún en instrucción a día de hoy-- en la que "se señalaba al mismo vecino por mantener a cuatro mastines en condiciones extremas". "Debido a la presión social, los animales fueron decomisados, falleciendo uno de ellos al llegar al veterinario", han precisado desde la asociación.

Tanto Galgos del Sur como Pacma, que tuvo que prestar asesoramiento judicial para conseguir el decomiso de los cuatro mastines de la segunda denuncia, han lamentado "la laxitud del Código Penal, que prácticamente impide que los maltratadores condenados entren en prisión al no imponer penas superiores a los dos años".

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