Carlos Caballero se dejó hace unos meses todos sus ahorros para comprar la casa de sus sueños: un chalet con piscina de 250 metros cuadrados en una urbanización privada de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz.

La casa era propiedad del banco y Carlos la adquirió el pasado mes de marzo. Con todos los papeles ya en regla y una cuantiosa cantidad de dinero aportada, según su testimonio, la propiedad se encontraba en trámites burocráticos previos a la entrega. Es en ese momento cuando un matrimonio de una localidad vecina ocupan el chalet: "Si se hubieran metido por necesidad llegaría a entenderlo, pero esas personas tienen mejores condiciones de vida que yo".

Lo que Carlos quiere decir es que, según su versión, este matrimonio tiene sueldos mensuales, él por su trabajo como celador de hospital, y ella por una paga que percibe. En la puerta de la vivienda se pueden ver a diario dos vehículos aparcados "que están pagados y tienen seguros en vigor", asegura Carlos para demostrar que tienen poder adquisitivo.

Esta situación está acabando con su salud y paciencia, "me siento indefenso", porque todavía no ha podido acceder al inmueble construido en una parcela de 800 metros cuadrados y que tanto trabajó para conseguir. Ahora vive en una casa de madera que compró hace tiempo como zona de recreo y que ha tenido que acomodar a la espera de acontecimientos.

Carlos denunció la situación y fue llevada a juicio, pero se llegó a suspender porque la abogada de los supuestos okupas no se presentó al estar de huelga. Ahora asegura que los nuevos representantes legales del matrimonio le han pedido 11.000 euros como acuerdo para resolver el conflicto. Si los abona dicen que abandonarían la casa. Caballero los ha vuelto a denunciar y espera que se pueda celebrar un juicio a principios del año que viene.

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