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El cuerpo de Natalia apareció decapitado y sin manos, flotando en una playa de Marbella. Los hechos sucedieron el 8 de enero de 2023 y su expareja fue detenido tras confesar el crimen. Ahora será juzgado por un jurado popular.
La Fiscalía de Málaga lo acusa por supuestamente asesinar a su expareja, a la que habría asfixiado, tras lo que presuntamente decapitó el cuerpo y lo arrojó al mar en una playa de la localidad malagueña de Marbella, donde fue encontrado.
Se enfrenta a una petición de 25 años de prisión por un delito de asesinato y a otros nueve meses de cárcel por quebrantamiento de condena.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, el acusado mantuvo una relación sentimental con la víctima durante unos siete meses. Ese día, el acusado quedó con su compañero de trabajo para que lo recogiera con la furgoneta de alquiler con la excusa de realizar un trabajo y le pidió que fueran a las inmediaciones de un centro religioso al que sabía que acudía la mujer cada domingo.
Una vez allí, según señala la acusación pública en su escrito, el acusado vio a la mujer que se aproximaba al centro religioso y, tras hablar, accedió a montarse con él en la parte de atrás de la furgoneta para irse a un sitio mas íntimo, pidiendo el procesado al otro hombre que los dejara en un aparcamiento y que se marchara a devolver la furgoneta.
Entonces, según el escrito acusatorio, ambos fueron a la playa Zaragoza, deteniéndose en las dunas, donde mantuvieron relaciones sexuales. Tras finalizar, "con ánimo de acabar con su vida, de manera sorpresiva y con expreso desprecio al sexo femenino de la victima, la agarró por el cuello cuando se encontraba de espaldas, sin posibilidad de defenderse, logrando asfixiarla", señala el fiscal.
Esto, sostiene la acusación, le provocó la muerte a la mujer, tras lo que el procesado "decapitó con un cúter que llevaba la cabeza del cuerpo y las dos manos, arrojándolos al mar, así como el cuerpo, al que le hizo una herida incisa en el abdomen para conseguir que se hundiera y evitar ser identificado".
Según el ministerio público, el acusado sabía que estaba vigente respecto de su expareja una orden de prohibición de comunicarse por cualquier medio y acercarse al domicilio, lugar de trabajo o donde se encontrara dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Marbella. Días antes había sido condenado por maltrato.
Para el fiscal, se trata de un delito de asesinato, con la agravante de discriminación hacia el sexo femenino, por el que pide que se le imponga la pena de 25 años de prisión; y otro de quebrantamiento de condena, por el que solicita que se le condene a nueve meses de cárcel. Además, insta a que indemnice a los dos hijos de la víctima en la cantidad de 52.207,51 euros, a uno de los hermanos con 15.662,25 euros y a otro con 20.883 euros.
La investigación de este caso comenzó por una denuncia interpuesta por familiares en dependencias policiales por la desaparición de una mujer, víctima de violencia de género y había recibido amenazas días atrás por su expareja sentimental, que habría quebrantando las medidas cautelares dictadas por la autoridad judicial.
Unas horas antes de la interposición de la denuncia, el cadáver mutilado de una mujer, con características físicas similares a la denunciada como desaparecida, fue hallado por unos ciudadanos en una playa de Marbella, tras lo que los familiares aseguraron que los restos eran de su hermana. Las dos manos fueron encontradas días después.
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