Una macrooperación de la Guardia Civil ha permitido desarticular un grupo en Sevilla que habría llegado a defraudar más de 100 millones de euros. Ya que comercializaba hidrocarburos sin liquidar su IVA correspondiente.

Tanto el petróleo como el gas natural, que estos últimos años han tenido precios más altos, los vendían por debajo del valor de mercado en toda España. Así lo ha trasladado el Instituto Armado en una nota emitida este viernes.

En total, hay 46 detenidos y 30 sociedades han sido investigadas en la llamada 'Operación Memorable', que comenzó en 2023. Los agentes descubrieron el fraude de varias empresas del sector con domicilio social en la provincia andaluza.

Confirmaron que existía una organización criminal oculta tras la trama empresarial. Por lo que intensificaron los controles de sus actividades para obtener indicios del presunto delito fiscal.

Tras meses de investigaciones, lograron saber que detrás había un clan familiar asentado en Sevilla. Estaba apoyado por más gente y el modus operandi era claro: creaban entramados societarios con testaferros.

Ellos actuaban en calidad de administradores en cada uno de los ejercicios fiscales analizados, desde el 2019 al año pasado. Se beneficiaban también de los resquicios normativos que regulan la venta de hidrocarburos.

Para abrir las cuentas bancarias a nombre de esas terceras personas, contaban con la ayuda de un empleado de banca. Lo habían captado para poder desviar los beneficios obtenidos de la evasión fiscal a través de esas cuentas.

Además, el mismo profesional les prestaba asesoramiento sobre posibilidades de financiación para esquivar alertas del sistema de prevención de blanqueo de capitales. O acerca de los fondos existentes, entre otros asuntos.

La Benemérita recalca que las operaciones delictivas se incrementaron exponencialmente en los últimos meses de la investigación. El motivo fue que iba a entrar en vigor el Real Decreto Ley 8/2023, por el que se prohibía ventas entre distribuidores de carburantes al por menor.

Así que debían reestructurar el método de actuación. En cualquier caso, estaban compitiendo deslealmente con el resto de operadores legales del sector, al ofrecer unos precios muy bajos. Algo que les permitía conseguir muchos clientes.

Mediante esos entramados empresariales, cada vez mejor diseñados, los miembros del grupo abarcaban casi todo el territorio español. Tenían una vida útil muy limitada, es decir, que no se prolongaban más allá de un año.

Lograban abastecer a pequeños comerciantes de diferentes puntos de la Península Ibérica. Sus principales oficinas, desde donde gestionaban las ventas, se ubicaban en Barcelona y Jerez de la Frontera (Cádiz).

Para el blanqueo del dinero acumulado, recurrían a la inversión en criptomonedas. Además de adquirir empresas del sector sanitario y hotelero, de la restauración e incluso clubes náuticos. También financiaron parte de los bienes que tenían.

Por ejemplo, viviendas, vehículos de alta gama, viajes de lujo o joyas, han concretado los agentes. De hecho, en los registros practicados en hasta 16 inmuebles hallaron variedad de ellos, como se aprecia en el vídeo grabado por la Guardia Civil.

Entraron a domicilios y oficinas de miembros de la organización, la mitad localizados en Sevilla y el resto en Algeciras, Jerez, Málaga, Marbella, Granada, Barcelona y Tarragona. Por orden judicial, se embargaron 25 propiedades.

Aparte de bloquearse más de 100 cuentas bancarias (con nueve millones de euros) de las más de 500 analizadas. Y de intervenirse más de 300.000 euros en efectivo, así como seis coches. El caso sigue abierto, no descartan más arrestos.

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