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El crimen en Almería de las dos niñas a manos de su padre pone sobre la mesa el debate sobre si hay que modificar la ley de infancia para proteger más a lo menores. Nadie vigiló la seguridad de las dos menores desde que hace 4 meses los padres decidieron gestionar por su cuenta las visitas del padre. La pregunta es clara ¿Podrían haber intervenido las autoridades en ese acuerdo privado? Vamos a intentar aclararlo con la información de Malena Guerra.
A petición de los responsables del Punto de Encuentro, con el visto bueno de la Fiscalía y las reiteradas peticiones de la madre, el Juzgado decidió que ya no interviniera el Punto de Encuentro. La madre decidió hacer las cosas a su manera confiando -demasiado- en el padre. Eso dejó a los niñas fuera del control de los servicios sociales.
Ya era excesivamente flexible el régimen de visitas, porque el padre se podía llevar a las pequeñas sin visita tutelada, no tenía vigilancia fuera del centro, ni le obligaron a verlas en el propio punto de encuentro como suele ser lo normal.
¿Pero por qué le asignaron visitas cuando la norma general es suspenderlas en casos de malos tratos sobre todo, como es el caso, cuando el maltratador tiene orden de alejamiento y llevaba pulsera de control.
El Fiscal de la Audiencia de San Sebastián, Jorge Bermúdez, explica que "la posibilidad de oponerse al acuerdo de las partes hubiera requerido algún tipo de prueba como un informe negativo, por ejemplo, de las unidades de valoración forense integral. La prueba de la que dispone el fiscal es muy limitada si no hay un informe que puede estar atascado en los gabinetes".
"La valoración por las informaciones que han salido no hacen referencia a una valoración de rigor en sede judicial, a pesar de estar ante una valoración de rigor tan objetiva y tan manifiesta que ha supuesto la adopción de medidas de alejamiento, según el médico forense Miguel Lorente.
En los tres trimestres de 2023 ha habido más de 3000 suspensiones de régimen de visitas. En 2022 fueron en total 4111 suspensión, en casi todos para mujeres que tenían medidas de protección. La ultima modificacion para la valoracion de riesgo policial incluye tambien la posibilidad de que haya riesgo para los hijos
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