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El Parlamento andaluz debatirá el próximo miércoles, por primera vez en una Cámara legislativa española, la gratuidad de gafas y lentillas para menores de edad, lo que para Adelante Andalucía constituye "un derecho, no una moda". Si es admitida a trámite, la proposición iniciará su tramitación parlamentaria, que podría llevarla, en el próximo otoño, al Congreso de los Diputados, donde la ministra de Sanidad, Mónica García, ya aseguró que era uno de los proyectos que tiene previsto abordar esta legislatura, una medida que costaría 260 millones de euros a nivel estatal y podría beneficiar a unos 30 millones de personas.
José Ignacio García es, junto a su compañera Maribel Mora, el diputado de este grupo responsable de una iniciativa pionera en España y que llega, según explica a EFE, en "un momento de retrocesos en el derecho a la sanidad pública, por lo que la mejor defensa es un buen ataque".
A su juicio, el derecho a la sanidad universal "debe incluir más cosas que son cuestiones de salud que hasta ahora no se habían tomado así", por lo que considera que es una medida "muy de sentido común" y ve "llamativo que no se haya hecho antes".
"Por alguna razón el ver bien se ha entendido como un artículo de lujo, como si no fuera una cuestión de salud, cuando tener miopía no es más que una enfermedad", detalla el parlamentario, que lamenta que en este momento solo se pueda abordar "con un tratamiento cien por cien privado y con un coste además enorme".
Tras insistir en que una buena visión "no es una cuestión de moda ni puede ser un privilegio, sino que tiene que ser un derecho", García detalla que lo primero que plantea la propuesta de Adelante Andalucía es que tanto las gafas como las lentillas "las pase la Seguridad Social".
Sería lo mismo que ocurre con los productos ortoprotésicos o farmacéuticos, detalla el diputado andaluz, que precisa que el texto que han presentado plantea que en el caso de los menores de edad gafas y lentillas sean gratuitas y en el caso de los adultos el precio oscile "en función de la renta y el nivel socioeconómico".
"Tendríamos que tener un sistema claro para determinar quién necesita gafas y eso se tendría que hacer desde lo público", explica, a la vez que detalla que en el reglamento de la norma habría que establecer, por ejemplo, "si a personas en riesgo de exclusión, jubilados o pensionistas se les paga todo o una parte del importe".
La proposición presentada por Adelante Andalucía, para la que espera contar con el respaldo unánime del resto de grupos, cuenta con una memoria económica en la que se calcula que el gasto en Andalucía para los menores ascendería a unos 50 millones de euros, que en todo el país serían 260.
El grupo andalucista ha elegido para esta propuesta un procedimiento que no es habitual pero que, a través del Estatuto de Autonomía, permite legislar leyes estatales que si se aprueban entrarían directamente en el Congreso de los Diputados, donde serían defendidas por un grupo de representantes del Parlamento regional.
García detalla que han optado por esta vía porque no existe una ley andaluza que establezca cuál es el catálogo de servicios del Sistema Andaluz de Salud, sino que se hace por decreto, algo que un grupo de la oposición no puede presentar.
Además argumenta que sabían que "la respuesta del PP iba a ser la que da para todo: que no tienen dinero", por lo que pensaron que lo mejor era "mover esta propuesta a nivel estatal, donde hay dinero y además hay una ley, la del sistema sanitario, que sí establece qué servicios deben estar en el catálogo".
De esta forma, de ser aprobada, este concepto tendría que incluirse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dentro de la financiación que se da a las comunidades autónomas para el sistema nacional de salud.
El Consejo de Gobierno andaluz daba el pasado mes de febrero su visto bueno a esta propuesta matizando que estaban de acuerdo "siempre que el Ejecutivo central "transfiera los recursos plurianuales a las comunidades autónomas para poder financiarlas", como confirmó el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
El próximo miércoles, previsiblemente, la proposición de ley será admitida a trámite, tras lo cual iniciará su tramitación parlamentaria, que podría llevarla, en el próximo otoño, al Congreso de los Diputados, donde la ministra de Sanidad, Mónica García, ya ha asegurado que es uno de los proyectos que tiene previsto abordar esta legislatura.
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