Arranca el juicio a la ex cúpula de UGT Andalucía que pudo desviar más de 40 millones
Juzgan a 15 acusados, 5 de ellos ex dirigentes del sindicato que se enfrentan a 26 años de cárcel y una multa de 200 millones
La primera sesión ha sido dedicada a cuestiones previas y la Fiscalía dice que UGT-A "institucionalizó el fraude"
Piden 7 años de prisión y 50 millones de multa a 5 excargos de UGT por el caso de facturas falsas
Este lunes, y tras varios retrasos, ha dado comienzo el juicio contra la antigua cúpula de UGT en Andalucía por, presuntamente, desviar más de 40 millones de euros de subvenciones públicas a través de facturas falsas para financiar la organización , todo ello mediante “rappels” y un sistema de “bote” ideado por ellos mismos.
En esta primera sesión, dedicada a las cuestiones previas, la Fiscalía Anticorrupción ha asegurado que el sindicato "institucionalizó un fraude"; mientras el sindicato, que figura como responsable civil subsidiario, ha lamentado la "criminalización de una cuestión estrictamente administrativa" y ha asegurado que ha satisfecho el dinero reclamado.
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Se han sentado en el banquillo 15 acusados, entre ellos 5 ex dirigentes de UGT-A, como quien fuera su secretario general por entonces, Francisco Fernández Sevilla, el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
Los abogados de la defensa han pedido la nulidad de las pruebas vinculadas a Roberto Macías Chávez, ex trabajador de UGT, que inició las denuncias y que posteriormente fue juzgado por delito de descubrimiento y revelación de secretos por filtrar información a los medios de comunicación, basándose en que ya fue condenado; es por ello que piden la nulidad. Además han calificado el procedimiento de “inquisitorial” y la actuación de la juez Mercedes Alaya, quien instruyó la causa, de “injustificable y desproporcionada”.
El Ministerio Fiscal, por su parte, ha defendido que la causa se abre a raíz de un oficio que manda la UCO (derivado de la causa de los EREs fraudulentos en la etapa socialista de la Junta de Andalucía, en concreto, entre 2009 y 2013). Los fondos públicos desviados por entonces, que ascienden a casi 41 millones de euros, y que iban a ser destinados a cursos para desempleados, fueron presuntamente invertidos en acciones tan variopintas como la campaña de publicidad de la huelga general de 2010, cenas con barra libre en la Feria de Abril, la simulación de alquileres de aulas de formación o incluso la falsificación de 700 maletines de alta calidad como regalos para un congreso del sindicato.
Este 30 de enero está previsto que empiecen las declaraciones de testigos y periciales. Después, ya en el mes de abril, declararán los acusados.
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