Quince años después del crimen de Lucía Garrido, quien fue hallada flotando, con golpes y un corte en la yugular en la piscina de la finca de su exmarido en Alhaurín de la Torre, la Audiencia Provincial de Málaga ha emitido sentencia contra los responsables de su asesinato.

De este modo, por esos hechos acontecidos a finales de marzo de 2008, el exmarido de la víctima ha sido condenado a 24 años de prisión como autor, en concepto de cooperador, de un delito de asesinato sobre su mujer, así como condena a 22 años al autor material del mismo.

Además, la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, establece que ambos deben indemnizar conjunta y solidariamente a cinco familiares de la víctima, en concepto de responsabilidad civil derivada del delito. Concretamente, a la hija, 300.000 euros; a la madre, 100.000, y 50.000 a cada uno de otros tres familiares (el hermano y dos sobrinos hijos de una hermana que asumió el mayor peso en la protección y cuidado de la hija), según la resolución, contra la que cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.

En este sentido, se ha considerado respecto al exmarido la agravante de parentesco y en ambos casos la atenuante de dilaciones indebidas, mientras que los costes procesales debe pagar cada uno la mitad.

La sentencia establece como hechos probados, conforme al veredicto del jurado, que el exmarido fue dueño de la 'Finca Los Naranjos', donde se halló el cuerpo de Lucía Garrido.

El recinto estaba preparado para su negocio de cría de animales de compañía y la custodia de animales salvajes o exóticos, "pero bajo ese tinglado se solapaban actuaciones, al parecer, ilícitas que también eran organizadas o dirigidas por el acusado, aprovechando la presencia de numerosos animales, tales como el tráfico ilícito de especies de fauna protegida o la ocultación de drogas que les eran confiadas por organizaciones de delincuentes".

Así lo indica la sentencia, que recoge también que aunque la relación que ambos mantenían se rompió, el juez otorgó a Lucía el uso del chalé de la finca que era la vivienda familiar, mientras que él conservó el derecho de acceso a la finca y el uso de otras edificaciones y el resto de instalaciones del negocio familiar que él siguió explotando.

De este modo, Lucía "se convirtió en testigo directo y presencial de las actividades lícitas y supuestamente ilícitas" que el exmarido realizaba y "suponía un obstáculo" para que él pudiera llevar a cabo un negocio proyectado con otros socios: "convertir la finca en una especie de núcleo zoológico o depósito de animales para toda Andalucía, por el que cobraría sustanciosas cantidades de dinero".

"El acusado no confiaba en Lucía Garrido, de tal modo que para evitar que le denunciara por las actividades supuestamente ilícitas y que fuera un obstáculo para el negocio proyectado en la finca, intentó desalojarla de la vivienda para ocuparla él con su nueva pareja", pero Lucía rechazó sus ofertas.

De esta manera, entre ambos creció la enemistad, se generó gran tensión y Lucía se convirtió "en una auténtica amenaza" para la continuidad de las actividades del exmarido y, "para neutralizar ese peligro", él, "o alguien de su entorno delictivo, propuso una solución drástica, consistente en acabar con la vida de Lucía Garrido".

Según la sentencia, el plan para matarla fue urdiéndose desde finales de marzo de 2008, cuando se reunieron en Torremolinos varias personas que proyectaban delitos en Madrid y Málaga, entre ellos el ahora condenado como autor material del asesinato, que pertenecía a un grupo de delincuentes y que "recibió, a través de individuos desconocidos, una oferta económica para matar a Lucia Garrido", propuesta que aceptó.

El exmarido "propició o consintió la contratación" de aquel "como sicario, sabiendo que atentaría contra la vida de Lucía"; mantuvo contactos con él "que se tradujeron en la prestación de ayudas decisivas para la planificación, preparación y ejecución del crimen".

De este modo, informó al sicario de las costumbres, movimientos y rutinas de Lucía y de su hija; le facilitó una copia de la llave de la puerta peatonal de la finca y se comprometió a neutralizar cualquier obstáculo que pudiera impedir o dificultar la entrada o huida.

El exmarido fue informado de que el crimen iba a cometerse entre el 28 y el 30 de abril de 2008 por uno o varios individuos que sorprenderían a Lucía dentro de la finca cuando estuviera sola, desprevenida e indefensa; dio su aprobación al plan y, como había convenido, retiró los dos perros mastines que habitualmente dejaba sueltos dentro de la propiedad para evitar intrusiones y los mantuvo apartados o encerrados.

Sabía que iba a ser investigado como posible asesino de Lucía, pero confiaba en que saldría airoso gracias a la amistad y relaciones de intereses que mantenía "con varios agentes corruptos de la Guardia Civil y a la coartada que iba a fabricarse"