El pasado13 de enero, un joven de 26 años acudió al centro de salud de Bigastro (Alicante) aquejado de un fuerte dolor seco en el tórax, en el brazo y náuseas. Después de ser atendido por los sanitarios fue dado de alta tras diagnosticarle un dolor muscular. El joven volvió a casa y, tan solo 20 minutos se desplomó en su habitación, donde perdió el conocimiento y comenzó a convulsionar, entrando en parada cardíaca.

La familia llamó al Servicio de Emergencias y comenzaron a realizarle técnicas de reanimación mediante las indicaciones telefónicas. Los sanitarios llegaron a la vivienda media hora después del desvanecimiento y, aunque hicieron todo lo posible para reanimarlo, tuvieron que decretar la muerte del joven.

Desde la Asociación del Defensor del Paciente han denunciado ante la Fiscalía de los Juzgados de Orihuela presentado por Carmen Flores en calidad de Defensora del Paciente.

En el escrito se denuncia la posible negligencia médica ocurrida en el Centro de salud de Bigastro relatando los hechos sucedidos el día 13 de enero de 2024.

Del análisis de la denuncia se desprende que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia profesional y "procede, por tanto la incoación de Diligencias de Investigación para el esclarecimiento de los hechos. Por ello, piden al Juzgado de Instrucción Número 1 de Orihuela que confirme si existe una denuncia previa al escrito de la Fiscalía y solicitan al centro de salud de que informe sobre los hechos con el nombre del paciente y el médico de guardia que lo atendió.

Desde la Asociación del Paciente denuncian "la pérdida de un ser humano por alta precipitada, sin la atención urgente que necesitaba y sin la derivación urgente a un hospital". En el escrito remitido a la Fiscalía afirman que "situaciónes como esta se producen por los colapsos , las prisas , la precipitación la falta de personal, etc.. con que trabajan los médicos y personal sanitario", y añaden que "la falta de responsabilidad de los que deben proteger nuestra salud y vida , llega a costar la vida de las personas por dejación de funciones estarían vivas.

Por ello, piden una investigación para determinar las circunstacias que rodean esta muerte y que se depuren responsabilidades "por una muerte inncesaria y gratuita de un ser humano".

Desde la Asociación del Defensor del Paciente señalan que "nuestra solicitud la fundamentamos en que el  artículo  262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal".

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