Blanca, una mujer de 78 años, no ha podido esquivar otro intento de desahucio en el domicilio que vivía desde hace 55 años en Barcelona. Una situación que tres meses atrás logró paralizar, gracias al acuerdo entre el consistorio y la propiedad para emplazarse a negociar un nuevo contrato de alquiler a precio de mercado y la ayuda del ayuntamiento para pagar la diferencia.

Sin embargo, el pacto no ha llegado y la vecina ha sido desalojada este jueves. Según ha podido saber Informativos Telecinco, la propuesta del ayuntamiento era la de proporcionar una ayuda de emergencia social a la señora en concepto de vivienda de 1.000 euros, que se abonaría a la propiedad para que la señora pudiese quedarse en la vivienda.

Esta propuesta se hizo ante la demanda de garantías de cobro que hacía la propiedad. "Atendiendo la normativa, el consistorio no puede avalar pagos de terceros, pero sí otorgar ayudas de emergencia".

Durante el 2024, la señora puede optar a la adjudicación de una vivienda con servicios para gente mayor, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normativa aplicable.

De este modo, el consistorio se comprometió a abonar la ayuda de emergencia directamente a la propiedad hasta que Blanca abandonara la vivienda para ir al piso público, "cosa que le garantizaría el cobro a la propiedad", pero que la señora "ha rechazado hasta el último momento".

El desacuerdo ha acabado en desahucio y el Ayuntamiento de Barcelona ha activado un alojamiento de emergencia en el Eixample para Blanca, que podrá ir a recoger durante los próximos días sus pertenencias que aún siguen en la vivienda.

La organización Resistim Gòtic trató en su momento de impedir un desahucio, que llegó tras la acusación de la propietaria del inmueble por una deuda inicial de 88 euros de "unas obras", según explican. No obstante, la ejecución del desahucio se debía a la finalización del contrato entre ambas partes en 2017.

Según la asamblea de vivienda del barrio de la capital catalana, la deuda de 88 euros ya estaba pagada "desde hace años" y el juez determinó que el retraso en el pago es suficiente para desahuciar a Blanca.

La propietaria del piso tiene una resolución judicial favorable a la recuperación de su inmueble desde el año 2019. "No está obligada a soportar la situación personal de la señora, que desde el año 2010 tiene alternativa habitacional y que desde el año 2017 finalizó el contrato, por lo que su caso está siendo seguido por servicios sociales".

La arrendadora "no es gran tenedora de viviendas, sino una persona física". Por ello, Blanca "no cumple con los requisitos dispuestos por la ley para apreciar la condición de persona vulnerable", por lo que ha seguido adelante el lanzamiento de desahucio.

El auto judicial también explica que “la parte ejecutante ha puesto de manifiesto que la arrendataria era propietaria del 50 por ciento de una vivienda en Barcelona desde el día 5 de julio de 2010". Además, constatan que la señora de 78 años no se encuentra en situación de vulnerabilidad social o económica. 

"Contaba con alternativa habitacional desde el año 2010, y actualmente, cuenta con un montante económico que le permite mantenerse por sí misma”, añaden sobre un lanzamiento que estaba señalado para el mes de abril de 2020, pero quedo paralizado por el coronavirus.

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