El caso Koldo ya tiene su primera víctima política. Se trata del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. El dirigente socialista se ha negado a renunciar a su escaño de diputado por Valencia y ha preferido seguir en el Congreso pero ya como miembro del grupo mixto. Su defensa de su dignidad al no estar investigado por la trama en al que está implicado un exasesor presuntamente responsable del cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia le situan muy cerca de los investigados por lo que nada le asegura que la Justicia no se vuelva contra él. Para defenderse, su acta de diputado le asegura estar aforado, una figura muy polémica en España que protege en cierta medida a los políticos.

La palabra 'aforado' cada vez es más usada entre políticos: los hay que quieren eliminar este 'privilegio' que otorga la Constitución y los que defienden su figura. El debate sobre el aforamiento es constante en la vida pública actual. Algunos Gobierno han planetado la necesidad de una reforma para acabar con los aforamientos o, por lo menos, reducirlos al máximo. A continuación despejamos las dudas en torno a la figura del aforado.

Un aforado es una persona que, por ejercer un cargo público o por su profesión, goza del derecho, en caso de ser imputado por un delito, de ser juzgado por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal.

La razón aducida normalmente es evitar las presiones políticas a las que puede verse sometido un tribunal ordinario cuando juzga a un cargo público de responsabilidad. Se entiende que un tribunal superior es más independiente ante estas presiones.

En España hay actualmente casi 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, cinco de la Familia Real y el resto --17.603-- pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas (políticos, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, etc.), según la última información aportada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

Tienen reconocido este derecho el presidente del Gobierno y los ministros, que serán juzgados por el Tribunal Supremo; los presidentes autonómicos y los consejeros de los ejecutivos de la Comunidades Autónomas, que tienen que ser juzgados por el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, en función de lo que determinen sus Estatutos de Autonomía.

También en el ámbito político son aforados los presidentes del Congreso y del Senado, los diputados y senadores, los presidentes de los parlamentos autonómicos y sus parlamentarios. Asimismo, tienen condición de aforados el presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, el presidente y consejeros del Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo.

Por su parte, en el ámbito judicial son aforados altos cargos como el presidente del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que responderán , en caso de delito, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como todos los jueces, magistrados y fiscales, cuyos procesos penales corresponden a los Tribunales Superiores de Justicia.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una condición especial de aforamiento, que implica que deben ser juzgados por las Audiencias Provinciales en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

La Constitución reconoce el aforo tanto a los miembros del Gobierno como de los diputados y senadores, mientras que la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge este derecho para los miembros del ámbito judicial como el presidente del Tribunal Supremo y los distintos Estatutos de Autonomía para los cargos de las comunidades autónomas.

Depende de las versiones. Según los críticos con esta figura sí supone un privilegio, ya que estos cargos no son juzgados por los mismo tribunales que un ciudadano común.

Por contra, los que lo defienden recuerdan que los aforados, al ser juzgados directamente por un tribunal superior, pierden el derecho que tienen todos los ciudadanos a recurrir ante un tribunal superior en caso de que el veredicto del juzgado de primera instancia le haya sido desfavorable.

No. Según el 'Tratado Jurisprudecncia de Aforamientos Procesales', de Juan Luis Gómez Colomer e Iñaki Esparza Leibar, ni en Alemania ni en Reino Unido ni en Estados Unidos hay aforados. Mientras, en Portugal e Italia no existe más aforado que el Presidente de la República; en Francia, sólo son aforados el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros.

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