El Gobierno ha expresado su respeto por la independencia judicial después de que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, haya cuestionado al juez Manuel García-Castellón por la "implicación política" y la oportunidad de alguna de sus decisiones. Ribera afirmaba en una entrevista en TVE, que las acciones del magistrado "tienen una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles" después de que este se reafirmara en que hay que investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont, lo que ha desatado un aluvión de críticas en el PP.

Las palabras de Ribera han provocado además que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial haya aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que muestra su "rotundo rechazo" a las críticas de la vicepresidenta tercera al juez.

Desde el Partido Popular han cargado contra Ribera por insinuar que Manuel García-Castellón es un juez prevaricador además de señalar, como ha hecho su portavoz, Borja Sémper, que el ataque del Ejecutivo a la división de poderes "y a la defensa" de los políticos independentistas sigue adelante "a costa de nuestro Estado de derecho".

A esta denuncia se ha sumado también la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, que ha exigido al Gobierno que desautorizara a Ribera; y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cree que "tratar a la justicia española como si fuera una república bananera expulsa la inversión y mata la creación de puestos de trabajo". Además los populares han anunciado que reprobarán a la vicepresidenta tercera en el pleno del Senado, donde el PP tiene mayoría.

Desde Moncloa han tratado de contener las críticas al reiterar su respeto institucional al Poder Judicial y a la independencia de los jueces y subrayando que el Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta alguna de ellas.

También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha manifestado de manera similar al asegurar que el Gobierno guarda un "respeto inquebrantable" hacia la independencia judicial y que respetará las resoluciones del juez García-Castellón, como hace con todas; una idea que ha compartido la titular de Defensa, Margarita Robles, quien ha dicho que los jueces son "independientes y realizan un gran trabajo".

Más en la línea con lo manifestado por Teresa Ribera, el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, ha defendido que el Gobierno tiene "mucho respeto por el Poder Judicial", aunque ha añadido que "hay algunas cosas, sobre todo coincidencias temporales, que llaman un poquito la atención" sobre García-Castellón.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este viernes por unanimidad expresar su "rotundo rechazo" a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez del caso 'Tsunami Democràtic', Manuel García Castellón, al considerar que son "contrarias" al "deber de respeto a la independencia judicial", al tiempo que ha reclamado "responsabilidad institucional" para "evitar la utilización política de la Justicia".

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha denunciado este viernes que los responsables políticos están llevando a cabo un "inaceptable" y "permanente ataque" a la independencia judicial.

La APM -conservadora y mayoritaria en la judicatura- subraya que "no es de recibo en un Estado de derecho" que un miembro del Ejecutivo "acuse veladamente a un juez de prevaricar" y asegura que les causa enorme tristeza que "desde el propio Gobierno se asuma el discurso de aquellos que hablan de 'lawfare' y de judicialización de la política".

También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha condenado las críticas vertidas contra García-Castellón al considerar que "señalar a jueces sólo genera desconfianza en la ciudadanía". 

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