Cada 22 de diciembre, la Lotería de Navidad reparte millones en premios a lo largo y ancho de toda España, generando un ambiente de ilusión y esperanza que no discrimina entre ciudadanos comunes y figuras públicas. Entre los agraciados en varias ocasiones se han encontrado nombres de la esfera política que, en más de un caso, han visto su buena fortuna juzgada por la mirada crítica de la opinión pública. Estos son los casos más notables en los que la suerte —o el azar cuestionado— ha llevado a la controversia y la notoriedad.

En diciembre de 2022, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se sumó a la lista de políticos tocados por la suerte en el sorteo de Navidad. Con una ganancia de 320 euros, el premio procedía de tres décimos, dos de los cuales se compraron en la sede del PSOE en Ferraz y uno en la Oficina de Prospectiva y Estrategia de España. Sánchez comentó la noticia en un tono distendido con periodistas en la tradicional copa de Navidad en la Moncloa. Si bien su premio fue modesto, el evento generó interés en medios y redes, dado que se produjo en medio de tensiones políticas intensas.

Otra agraciada fue Silvia Limones, del PSOE balear, que se llevó en el año 2015 nada menos que 120.000 euros de un segundo premio de la Lotería de Navidad.

Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón por el Partido Popular, es un caso emblemático de político premiado en múltiples sorteos de lotería. En los años 2000, Fabra fue agraciado en la Lotería de Navidad en al menos cuatro ocasiones, acumulando ganancias que superaron el millón de euros, lo que provocó sospechas e investigaciones judiciales. En 2008, su “racha” se volvió objeto de burla y especulación cuando ganó 2 millones de euros, en un contexto donde ya se le investigaba por presuntos delitos de corrupción, incluyendo blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Su caso fue tan relevante que en 2013 fue condenado a prisión, tras una larga batalla legal que resaltó la posibilidad de que Fabra adquiriera décimos premiados para justificar ingresos no declarados. Las reacciones ante la aparente “suerte” de Fabra ejemplificaron la tensión entre la lotería y la percepción pública de transparencia y legalidad en figuras políticas.

Otro político que atrajo la atención por sus premios de lotería fue Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife por Coalición Canaria. Zerolo, quien recibió varias veces premios de lotería, terminó envuelto en el conocido caso Teresitas, que investigó la adquisición de terrenos de manera fraudulenta. Durante el proceso, se sugirió que Zerolo había utilizado premios de lotería como método para justificar ingresos irregulares.

El tribunal, al no encontrar una explicación lógica para su “fortuna”, cuestionó la procedencia de los fondos, y Zerolo fue finalmente condenado por malversación y prevaricación. El caso Teresitas subrayó la importancia de una estricta vigilancia sobre las finanzas de figuras públicas, evidenciando cómo el uso de premios de lotería como “justificación” de ingresos puede alimentar las sospechas de la ciudadanía.

Más sonado incluso que los dos casos anteriores fue el de este político que estuvo de la mano de Jesús Gil. El que fuera principal acusado del caso ‘Malaya’ se llevó nada menos que 50 premios de distintos sorteos, incluida la Lotería de Navidad, en tan solo 15 años. Al ser preguntado en los tribunales por esta suerte tan exagerada, afirmó que compró los décimos para librarse de dinero que tenía en casa. Como no podía ser de otra manera fue acusado en 2016 por blanqueo de capitales.

Todos estos casos de políticos que ganan cuantiosos premios de lotería, pero más en particular cuando estos son reiterados o muy significativos, ponen en el punto de mira la relación entre la transparencia y el servicio público. En una sociedad que pide una rendición de cuentas más estricta, estos eventos no solo generan interés, sino también un debate sobre la necesidad de una mayor claridad en las finanzas personales de las figuras públicas.