El sector de las telecomunicaciones sigue siendo el que más reclamaciones genera por parte de los consumidores. Uno de los asuntos que causa más disconformidad son las penalizaciones por permanencia o baja anticipada, que siguen siendo habituales en muchas tarifas de fibra de grandes operadores como Vodafone, Orange, Yoigo, Jazztel o MásMovil.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que los problemas pueden empezar desde el mismo momento en que se cambia de compañía: por una demora injustificada para empezar a prestar el servicio, por errores en la gestión del alta o por cobrar indebidamente al desistir de la portabilidad. Hay que armarse de paciencia pero reclamar suele dar sus frutos. De hecho, el 70% de las reclamaciones resueltas en 2019 por la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones resultaron favorables al cliente.

No son raros los casos de usuarios que no recuerdan haber sido informados de haber contratado una tarifa con permanencia de hasta un año; y, como consecuencia de ello, el cambio de compañía implica una penalización de hasta 150 euros. Por eso, si tiene contratada fibra o un paquete de servicios (voz, datos, internet y televisión de pago) siempre conviene preguntar antes de iniciar una portabilidad.

La portabilidad no siempre implica la baja de todos los servicios en la antigua compañía. Si se contrata un paquete de servicios (voz, datos, internet y televisión de pago), conviene llamar al viejo operador para verificar que se han dado de baja todos los servicios que no deseaba mantener con él. Y es que a veces la compañía prefiere entender que el usuario quiere mantener alguno de los servicios (TV, fibra…) aunque haya portado los números de teléfono a la nueva compañía y le seguirá cobrando por ellos, incluso aunque ya no los utilice.

En las contrataciones a distancia, online o por teléfono, el usuario tiene 14 días para dar marcha atrás sin penalización, aunque tendrá que asumir el coste del servicio si ya se ha empezado a prestar. Algunas compañías aprovechan para fijar unos costes de instalación muy elevados, que son aplicados a modo de penalización a aquellos clientes que rompen el contrato durante esos 14 primeros días, aunque todavía ni siquiera hayan podido hacer uso de ese servicio.

OCU aconseja además solicitar al nuevo operador que anule la opción que permite la compra de servicios y contenidos digitales (activa por defecto) especialmente si hay menores en casa. Debe hacerse expresamente pidiendo la desactivación de los servicios de tarificación adicional y de pagos a terceros.

En cualquier caso, siempre es recomendable revisar periódicamente las tarifas, puesto que las diferencias de precio de las distintas compañías para un mismo perfil de consumo pueden superar fácilmente los 20 euros al mes.