Los ministros de los Estados miembros aprobarán mañana en el Consejo Europeo el preacuerdo político al que se ha llegado esta misma mañana, tras 12 horas de negociaciones. En él, la Unión Europea pone en marcha una nueva directiva que se basa en un informe que realizó en el año 2016 el Centro Común de Investigación de la Comisión, sobre la basura en las playas europeas.

Ese informe concluyó que el 84% de los residuos eran plásticos y, además, enumeró una serie de 10 productos estrella en las costas. Se tratan de los bastoncillos de algodón, los cubiertos, platos y pajitas, los palos de globo, productos hechos de plástico oxo-degradable y los envases de alimentos, bebidas hechos de poliespan, y los agitadores de bebida. Todos ellos pasarán a estar prohibidos en la Unión.

Esta medida llega después de que el pasado mayo la Comisión Europea lanzara la propuesta, aprobada en octubre por la comisión de Medio Ambiente. En ella, además, se recoge que se tiene que garantizar el reciclado del 90% de las botellas en el año 2025.

En concreto, 250 empresas, entre las que se encuentran las mayores multinacionales de la alimentación, han firmado el Compromiso Global para la Nueva Economía de los Plásticos. Con él, se comprometen a que en el año 2025 todos los envases sean reciclables, reutilizables o convertibles en compost.

La ONG Greenpeace ha considerado “excelente” que la Unión Europea haya dado el primer paso para poner fin a este tipo de residuos, pero lamenta el retraso en la aplicación de estas medidas y reclama que se exija una mayor responsabilidad a los productores. “Es un paso importante que Greenpeace celebra, pero no aborda completamente la urgencia de la crisis de producción masiva a la que nos enfrentamos”, ha señalado.

Desde la organización consideran que la directiva europea contribuirá a frenar la contaminación de plásticos e incluyen medidas “sin precedentes”, aunque deje fuera los objetivos de reducción. En concreto, asegura que deja a la interpretación vaga y abierta de los países su aplicación así como el hecho de que las medidas para responsabilizar a los productores de plásticos no serán obligatorias sino voluntarias.