Oxfam Intermón ha denunciado este martes la situación del colectivo de las trabajadoras del hogar y los cuidados que, según señalan, es "uno de los más golpeados por la precariedad y la pobreza en el mercado laboral" español. De hecho, explicado, según los estudios realizados al respecto, de las más de 550.000 mujeres que trabajan en el sector, un 32,5% vive bajo el umbral de la pobreza.

Este porcentaje es casi el doble que el de las personas asalariadas en España que viven en esta situación de vulnerabilidad: el 12 %.

El estudio de la organización, indica además que una de cada seis de estas trabajadoras está en situación de pobreza severa, es decir, vive con menos del equivalente a 16 euros al día, según datos correspondientes a 2019.

Oxfan Intermón advierte que estos datos "no han hecho más que empeorar con la pandemia". Según explican, el impacto del Covid-19 en la primera ola dejó un balance negativo para el colectivo. "Se destruyeron tres empleos de trabajadoras del hogar por cada uno del conjunto del mercado", apuntan.

"Hace un año, cuando por unas semanas todo se paraba, una única cosa no lo hizo: el trabajo de cuidados. A pesar de que este numeroso colectivo desarrolla una labor imprescindible y con un valor incalculable para que nuestra sociedad pueda avanzar, no tienen legalmente reconocidos los mismos derechos que el resto de las personas asalariadas", ha denunciado la responsable de políticas públicas de Oxfam Intermón, Liliana Marcos.

En este sentido, ha recordado que estas trabajadoras "carecen de los derechos laborales esenciales como la prestación por desempleo, la negociación colectiva o la protección por despido, así como la prevención de riesgos laborales". Además, denuncia que otros derechos que sí tienen reconocidos no se cumplen.

La organización denuncia "la gran informalidad en el sector" que, según ha indicado, "provoca en parte" la situación actual que viven estas mujeres. Así, y según los cálculos de Oxfam Intermón, el 36% del trabajo de este colectivo "se presta en la economía sumergida", lo que equivaldría a 2.600 millones de euros en salarios y a 820 millones de euros que pierde la Seguridad Social.

Y es que, el 5% de todas las trabajadoras del país es una empleada del hogar, pero con una distribución diferenciada según las comunidades autónomas, explica la ONG. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, este colectivo representa el 7,5% del conjunto de trabajadoras, mientras que en Canarias o Extremadura no suponen más que el 2,9% y el 2,8%, respectivamente.

Además, el estudio recoge que el empleo del hogar sigue considerándose como un "sector refugio" para las empleadas españolas en las regiones con menos dinamismo económico, aunque más de la mitad del colectivo está representado por mujeres no nacidas en España. De ellas, una de cada cuatro, unas 70.000, se encuentran en situación irregular.

Marcos ha explicado que "allí donde el Estado no ha cubierto las necesidades de cuidado es donde hay más trabajadoras del hogar" y que "el sistema de dependencia descansa sobre un colchón de trabajadoras baratas". En concreto, el estudio calcula que un total de 85.000 trabajadoras del hogar cuidan de dependientes porque el sistema público no llega. "Si pasaran a trabajar en él, el número de mujeres desarrollando su labor en asistencia domiciliaria aumentaría en un 47%", indica la ONG.

En este sentido, recalcan que, en los países en los que hay una mayor inversión en servicios públicos se desploma el número de trabajadoras del hogar y sube con fuerza el de empleadas de servicios sociales.

Es por eso que la organización reclama la modificación de las prestaciones económicas que actualmente reciben las familias en el marco del sistema de atención a la dependencia, ya que muchas de ellas se usan para el pago de trabajadoras del hogar sin control alguno sobre sus condiciones laborales o sobre la calidad de los cuidados que prestan.

Del mismo modo, Oxfam Intermón recuerda que hace ya casi una década que se planteó equiparar los derechos y obligaciones de las trabajadoras del hogar al resto de asalariadas y que, cada vez que se ha acercado el plazo legal para su integración plena en el Régimen General de la Seguridad Social, se ha pospuesto esta medida. "No es coherente con una sociedad que se dice comprometida con la igualdad de género", ha concluido Marcos.