La pena judicial del caso Julen: de 6.000 euros de multa a cuatro años de cárcel

Desde el punto de vista penal, cualquiera que con su actuación haya creado una situación de riesgo puede ser responsable. Juan Sánchez Zabala, abogado penalista, explica que la responsabilidad podría ser del pocero, de la empresa que quitó la tapa y del dueño de la finca.

Es el juez quien valora la responsabilidad de cada uno. El abogado ha comentado que podrían enfrentarse a un delito de lesiones por imprudencia o en el peor de los casos a un delito de homicidio imprudente.

En el delito de lesiones, la pena oscilaría entre los seis meses de prisión si son lesiones leves y hasta tres años si son graves. En el caso de delito de homicidios la pena puede llegar hasta los cuatro años de cárcel.

La justicia también tiene en cuenta la responsabilidad civil económica. Por un lado está el gasto que haya supuesto la búsqueda y por otro una indemnización a la familia de Julen.

Desde el punto de vista administrativo, las sanciones por hacer el pozo ilegalmente son de hasta 6000 €. Sin embargo, el hecho de que haya ocurrido algo por no tapar bien el pozo se considera una segunda responsabilidad, que supone una infracción grave de hasta 300.000 €, según la Ley de aguas de Andalucía.

La abogada Esperanza Sánchez, especialista en derecho administrativo, cuenta que la responsabilidad la tendría tanto el que hace el pozo como el dueño del terreno. El Ayuntamiento de Totalán también podría sancionar al dueño de la finca por hacer una construcción ilegal.