La ley de Formación Profesional que entra mañana jueves en vigor está destinada no solo a los estudiantes sino a los trabajadores y desempleados de cualquier edad que deseen seguir formándose y acreditar formalmente su experiencia profesional.

La ley lleva aparejada una memoria económica que contempla 5.474 millones de euros durante un periodo de cuatro años. De ellos, 1.550 euros proceden de los fondos de recuperación y resiliencia de la UE.

Además de reducir las dramáticas cifras de desempleo juvenil del país, con la tasa más alta de la Unión Europea, otro de los objetivos de esta legislación es facilitar que los adultos se puedan renovar, certificar sus competencias y ajustarlas a las demandas del mercado laboral. Además, el compromiso del Ejecutivo es poner en marcha 200.000 nuevas plazas de FP en cuatro años, de las cuales 120.000 ya se financiaron en el curso 2020-2021 y otras 60.000 durante este año.

Más de 10 millones de personas activas en España, no tienen una acreditación formal de sus competencias profesionales, a pesar de adquirirlas por experiencia laboral o vías no formales de formación. Desde el 2009, el número total de personas acreditadas no supera las 300.000

Todos los ciudadanos tendrán acceso a una oferta de formación compatible con su situación personal o laboral que les permita: adquirir nuevas competencias, mantener actualizada su competencia profesional y puedan ascender en la especialización de su cualificación. Asimismo habrá un sistema único organizado por grados de formación.

Estas nuevas ofertas permitirán la adquisición de microformaciones que permitirán ascender por un continuo de formación y obtener sucesivas acreditaciones y titulaciones de mayor rango. Por ejemplo, cada estudiante contará con un Plan de Formación que detallará los resultados de aprendizaje en el centro y en la empresa.

La nueva norma regulará la relación entre las enseñanzas de FP y las universitarias, facilitando el diseño de itinerarios que permitan transitar sin obstáculos entre los dos sistemas y en ambos sentidos. Esta ley contempla nuevos modelos de colaboración entre ambas enseñanzas.

La ley contempla el acompañamiento durante la formación o para aquellos que se replanteen su carrera. Habrá unidades de orientación profesional a los que podrá ir cualquier ciudadano. Tanto el sistema educativo y los centros y entidades autorizadas para la Formación Profesional para el empleo serán complementarias.