Luz verde para debatir este martes en el Congreso el impulso de la “Ley Celaá”, el proyecto de ley con el que el Gobierno quiere transformar el actual sistema educativo español. Medidas que levantan elogios en algunos colectivos y ampollas en otros. De aprobarse, se derogaría la LOMCE, conocida como la “ley Wert”.

La concertada y la asignatura de religión van a ser dos caballos de batalla. Respecto a la primera, la nueva ley permitirá a las administraciones educativas establecer proporciones equilibradas de alumnos según su tipología (discapacidad, situación socioeconómica desfavorable, etc). Eso provocará un conflicto si se convierte finalmente en el hecho de que las comunidades modifiquen su normativa sobre admisión de alumnos, restringiendo los derechos de los padres a elegir centro. La ministra ya dejó claro en su día que "el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo no son una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocidas en el artículo 27 de la Constitución”.

Ahora, ya se sabe que las comunidades autónomas obligarán a los centros educativos financiados con fondos públicos a escolarizar a niños con pocos recursos para evitar guetos. Esta realidad despierta diversas opiniones en la comunidad educativa. Informativos Telecinco ha querido saber la opinión del universo educativo, enfrentado al respecto.

“Nosotros siempre hemos defendido que la escuela pública tiene que ser el pilar fundamental de la educación. Tenemos que insistir en la red pública, y quien quiera, la red privada. La concertada no debe estar subvencionada con dinero público. No debería estar”, señala Leticia Cardenal, presidenta de CEAPA.

Las peticiones de la CONCAPA van en otra dirección totalmente distinta: “Tuvimos una reunión con la ministra el día 26. Nos dijo que la LOMLOE se iba a llevar a cabo el día 3. Transmitimos incertidumbre, porque se hace una ley que no viene del consenso. Es una división entre la red pública y la concertada. Que se aparte la demanda social vulnera el derecho de las familias de elegir la educación -elección de centro- de sus hijos. Hace falta un pacto educativo, con estabilidad. Un pacto que dure entre 15 y 20 años”, comenta Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA.

“En la concertada ya se trabaja en la diversidad y la integración. Sobre todo, en la elección de las familias que tienen pocos recursos. Hay una diferencia sustancial entre la escuela pública y la concertada: el servicio de transporte y comedor. En la concertada, este servicio, se da de distinta manera a la pública. El módulo de conciertos educativos no se ha actualizado. La red concertada abarca el 30%”, añade Caballero, que solo ve con buenos ojos el impulso de los EFP en el proyecto del Gobierno.

Desde el sector privado, no apoyan erradicar la educación concertada, pero sí actualizarla. “Es una oportunidad para conseguir un marco más actualizado. El actual lleva 35 años. Necesita una revisión. A la nueva ley le pediríamos que incluyese mecanismos de control de fondos públicos más exhaustivos. Se requiere garantizar la enseñanza. La normativa no se adapta a la realidad”, señala Elena Cid, de CICAE.

“No creo que la ley no te deje elegir el centro. Los padres van a seguir eligiendo. El modelo concertado es un modelo muy bueno, pero debe mejorarse. No debe desaparecer. No se ha tocado el marco regulatorio. Están haciendo una normativa muy afín a sus intereses”, añade Cid.

Otro campo de batalla es la diferente realidad entre los profesores de la pública y de la concertada. “El profesorado de la concertada no pasa los mismos exámenes que los docentes de la pública. Para que pasen a formar parte de la red pública, un requisito es que se formen igual que se están formando todos los docentes”, señala Cardenal.

El sindicato mayoritario de la enseñanza concertada, FSIE, da la voz de alarma también en que es hora de equiparar salarios. El hecho de que al personal docente de la concertada se le excluya de poder percibir algunos conceptos salariales como los sexenios "implica aumentar aun más las diferencias salariales alejando progresivamente la equiparación en lugar de lograrla", ha dejado claro el Consejo Escolar del Estado en más de una ocasión.

La asignatura de Religión es otra gran afectada por la “ley Celaá”, como casi siempre ocurre con las reformas educativas, como si realmente este hecho fuera clave. El ministerio quiere eliminarla de las aulas y los colectivos religiosos protestan en alusión a los acuerdos del Estado con la Santa sede.

El colectivo CEAPA, sin embargo, lo tiene claro, debe estar fuera. “No solo debe salir de las clases la católica, sino todas. Tendríamos que dotar al alumnado con la religión que cada uno quisiera, eso no puede ser. El que quiera hacer religión que vaya a una iglesia. Mientras no se deroguen los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede va a haber una pieza fuerte que vamos a tener que seguir combatiendo. Está en manos del ministerio de Educación hacer lo que crean correspondiente”, explica Cardenal.

El colectivo CONCAPA sí apoya mantener la asignatura en las clases. “Tiene que existir. Tiene que ser evaluable y contar para nota. Hay acuerdos entre el Estado y la Santa sede. En estos acuerdos figura esta asignatura. Es la más solitaria. Por encima del 60%, los estudiantes eligen libremente Religión en la red pública. Quitar esta asignatura afectaría a judíos, evangelistas o musulmanes también. Tiene que haber una asignatura espejo, valores cívicos, por ejemplo. Si se quita se va a vulnerar el pensamiento de las familias. Tienen que respetar escrupulosamente la pluralidad de las familias”, sentencian.

“En cuanto a la asignatura, nosotros nos denominamos Colegios Privados Independientes. Los colegios deben tener diferentes opciones educativas para las familias. Ninguna regulación debería entrar en controversia con las creencias de las familias”, señala Cid, de CICAE, que apuesta por la elección de las familias.

Otra medida que contempla la nueva ley es la ‘reforma’ de Bachillerato. Los estudiantes podrían pasar a la universidad con una asignatura suspensa y podrían realizar el ciclo en tres años, en lugar de dos. “Va a ser una ventaja. Si suspendes gimnasia, u otra que no es tan importante, creo que no va a ser un impedimento aprobar. Al final, lo que buscamos es que haya salidas. Hay que buscar todos los itinerarios”, explica Cardenal.

“Muchos centros reciben protestas por la actitud de los profesores. Si un alumno tiene un 4,75 de nota, si está capacitado, no hay un problema para que apruebe. Creo que hay cosas más importantes como es conocer la situación que vive el alumno o saber el por qué disminuye su rendimiento académico. Se pueden valorar cosas que no se hacen ahora”, añade.

Para unos, una ventaja, para otros, una barbaridad. “Nos parece mal el cambio en Bachillerato. Para pasar de promoción hay que adquirir las competencias requeridas. Es una barbaridad pasar a un alumno si tiene un desajuste. Puede perjudicarle cuando pase a la universidad. Las carencias que no se aprenden hay que trabajarlas. Para pasar hay que aprobar todas, no se puede pasar con una suspensa”, señala Caballero.

“Tendríamos que estudiar mejor la medida. Podría ser beneficiosa para aquellos alumnos que necesiten más tiempo. Todo lo que permita dar una respuesta individualizada es mejor. No significa que porque se tarde más vaya a bajar el rendimiento. En líneas generales, hay que estudiar la situación de cada estudiante, la atención individualizada”, señala Cid. La educación en España entra en debate, aunque lo vital sigue siendo la entrega de los profesores.

El PP ya ha pedido al PSOE que apueste por el consenso y le ha dejado claro los puntos en los que habría acuerdo: La pluralidad que garantice la libertad de los padres de poder elegir la mejor educación para sus hijos; la evaluación pública y estatal vinculante en el Bachillerato; garantizar el castellano como lengua vehicular; reformar la Alta Inspección potenciando competencias sancionadoras contra el adoctrinamiento; potenciar las asignaturas troncales recuperando la filosofía y apostando por todas las materias STEM; el bilingüismo en inglés y el bilingüismo en aquellas con legua cooficial; defensa de la educación concertada especial y rural; prestigiar la profesión docente y hacer especial hincapié en el 'Mir educativo'; prestigiar la FP dual; y apostar por la educación infantil de 0 a 3 años.