La OMS recomienda que un niño menor de dos años no tome azúcares y a partir de esa edad limite su consumo a un 5% del aporte calórico. Sin embargo, desde Justicia Alimentaria advierten que la mayoría de alimentos procesados para bebés supera estos límites. En el informe ‘Mi Primer Veneno’ denuncian que las leches de crecimiento en lo único que mejoran la leche normal es en el añadido de vitaminas y cereales y que si el niño sigue una dieta equilibrada con legumbres, carnes, pescados, frutas y verduras “tienen más que cubiertas estas necesidades de vitaminas y cereales”. Javier Guzmán, presidente de Justicia Alimentaria, afirma contundente que “estas leches no valen para nada, son más caras y nutricionalmente son peores”.

Sobre los cereales que se dan en papillas o biberón a los bebés, este informe sostiene que se someten a un proceso de hidrólisis que genera azúcar y más carbohidratos. Y sobre los potitos recoge que no tienen tanta fruta como dicen y si mucha agua y almidón, disminuyéndose así su calidad nutricional. Sin embargo, el estudio si admite que los llamados potitos bio o ecológicos son los únicos que realmente están hechos en más de un 95% con fruta como reza el envase. Sin embargo, cuestan más caros.

El doctor José Manuel Moreno Villares, miembro de la unidad de Nutrición del Hospital 12 de Octubre de Madrid, señala que tanto los triturados como los cereales infantiles son productos regulados en su composición. “No es correcto hablar de alimentos malos o peligrosos para la salud de los niños. Tampoco significa que no puedan ser mejorables. Algunas empresas de alimentación han modificado o están modificando su composición” en detrimento del azúcar y a favor de las harinas integrales.

Guzmán, coordinador del informe, critica que los envases de los productos para bebés a veces son engañosos. Algunos -explica- ponen libre de azúcares añadidos y eso es cierto pero en la tabla nutricional se puede leer un porcentaje de azúcar consecuencia del proceso de hidrólisis, en el caso de los cereales. El problema para el presidente de Justicia Alimentaria es que “el 70% de la población no entiende el etiquetado”. El doctor Morenos Villares señala que es fundamental “fijarse en el etiquetado nutricional y no poner a todos los productos en el mismo saco”.

Un estudio británico reciente alertó también sobre la composición de los yogures, especialmente, los dirigidos a bebés. Está demostrado que son buenos para la salud, pero los yogures pueden ser una fuente "elevada" y "no reconocida" de azúcar, según el trabajo publicado en la revista científica BMJ.

No obstante, vincular el consumo de estos productos a problemas de salud como la obesidad infantil es mucho. Las causas de la obesidad son múltiples y engloban los hábitos nutricionales de toda la familia, disminución de la actividad física y aumento claro del sedentarismo, según el doctor, que recalca que los niños españoles pasan entre tres horas y media y cuatro al día frente a distintos dispositivos, según el estudio ANIBES de la Fundación Española de Nutrición.

El doctor Moreno Villares si admite que “los consumos elevados, sobre todo de forma mantenida, pueden asociarse a un mayor riesgo para la salud pero en el caso de los niños, solo parece demostrado que un consumo más elevado de azúcares se asocia a más caries y un consumo elevado de bebidas azucaradas a mayor obesidad infanto-juvenil”.

Justicia Alimentaria celebra que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social haya anunciado esta semana la implantación de un nuevo etiquetado nutricional de productos alimentarios y bebidas siguiendo el modelo Nutri-Score, que otorga un color a cada alimento en función de su contenido en azúcares, grasas saturadas, sal, calorías, fibra y proteínas. En este sistema, que ya usan Francia y Bélgica, los colores verdes identifican los alimentos más saludables y los rojos, los de menor calidad nutricional.

No obstante, esta medida parece insuficiente para esta asociación y proponen que como ya se hace en otros países se prohíba la publicidad de “alimentos insanos” dirigidos a los niños, la venta de estos productos en farmacias o su publicidad en centros médicos. También piden que se regule sobre el conflicto de intereses que hay entre asociaciones médicas, de la salud, científicas o universitarias y esta industria alimentaria.