El presidente de la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales asegura que "si vuelve a haber otro brote de coronavirus no se han tomado las decisiones necesarias para garantizar un menor impacto de muerte y sufrimiento de las personas más vulnerables que hay en las residencias".

José Manuel Ramírez Navarro es el responsable de este colectivo que agrupa a más de doscientos profesionales especializados en proponer ideas y soluciones creativas a la administración y a las empresas del sector, que ha criticado con dureza el "ensañamiento" del Gobierno con "los más vulnerables tras conocer la decisión de excluir al sector del reparto del fondo social y después de haber anunciado 1.000 millones de euros de financiación.

Según Ramírez solo desde la "ignorancia supina", la falta de "insensibilidad" o de "alma" pueden tomarse decisiones que "ponen en riesgo la cohesión social en España", algo que considera injustificable al "tratar mal a las personas más vulnerables". Una decisión a la que también hace responsables a las comunidades autónomas con la excepción de "Castilla y León, Aragón y Galicia".

En un comunicado, el colectivo ha interpretado la decisión anunciada por el presidente Pedro Sánchez tras su reunión con los presidentes autonómicos como "el abandono del cuarto pilar del bienestar que son los servicios sociales" y que atienden a "seis millones de personas que serán diez a finales de año".

En este sentido ha recordado que el Gobierno ha comprometido, sin embargo, una inversión de 9.000 millones para sanidad, 2.000 millones para educación y 3.000 para el ingreso mínimo vital.

Por ello, el colectivo ha denunciado la situación de un sistema de servicios sociales "disperso y maltratado por los recortes al que no acaba de llegar el apoyo estatal en prestaciones y servicios que eviten los riesgos de exclusión e incluso la quiebra de la cohesión social".

Asimismo, ha lamentado que "una vez más los gobernantes en este sector hacen caso omiso de los profesionales e investigadores del sistema, relegando el imprescindible apoyo financiero, además de no mostrar ningún interés por disminuir y mejorar los procedimientos a los que se les somete para hacer llegar el apoyo a los más vulnerables".

Procedimientos que, según aseguran, "son complejos y que eternizan las soluciones a las situaciones de emergencia social, ahora aumentadas y agravadas por la situación que se está viviendo".

Según los datos de de la propia Administración recogidos por su asociación 24.554 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia, de las que 17.139 corresponden a dependientes que se le había reconocido el derecho a una prestación y no se les atendió, y otros 7.415 que habían pedido entrar en el sistema.

En lo que va de año, señala Ramírez, 164 personas han fallecido cada día en el laberinto burocrático de la ley dependencia, por lo que reclama "medidas urgentes para no abandonar a las 404.159 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento".

Recuerda también que aunque las competencias en dependencia corresponden a las CC. AA., la Ley de Dependencia fija que la financiación es al 50 % con la Administración central, algo que no se está cumpliendo desde que en 2012 comenzaran los "recortes inmisericordes que hizo Rajoy" que retiró del sistema 5.865 millones de euros. desde ese momento, la aportación estatal a la dependencia se ha quedado en el 18 % mientras que el restante 82 % es complementado en algunos casos por los gobiernos autonómicos.

Ramírez Navarro denuncia que "se ha criminalizado a las residencias por haber dejado a los fallecidos en sus camas cuando la verdad es que no disponíamos de instalaciones para asistirlos y por eso se quedaban en sus cuartos. Hemos llorado lo que no está escrito por la tragedia en las residencias", se lamenta.

Pero la verdad es que "si vuelve a haber otro rebrote de coronavirus no se han tomado las decisiones necesarias para garantizar un menor impacto de muerte y sufrimiento de las personas más vulnerables que hay en las residencias".

Por ello reclama la necesidad de "desarrollar un sistema de alerta temprana para poder enfrentarnos a una nueva oleada del virus".

De producirse esta nueva situación, Ramírez tiene claro que "no se debería hacer una sectorializacion de las residencias" sino que habría que apostar por un sistema alternativo de salidas seguras de las personas con síntomas que fueran desviados a centros específicos más medicalizados". Una apuesta que, asegura "nadie lo está haciendo porque a Sanidad no le interesa, a las Comunidades no les interesa y a los medios de comunicación, lo único que les interesa es el número de muertos".

El colectivo ha advertido, no obstante, que la situación "es una bomba de relojería que, de no desactivarse, estallará en un futuro próximo y que pondrá en la encrucijada a una sociedad cada vez con más desigualdad y mayor sufrimiento".

Los directores de Servicios Sociales han recordado a Pedro Sánchez y a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que los servicios sociales son "una inversión imprescindible para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables y necesitan, más aún en estos momentos, el apoyo financiero del Estado porque las comunidades autónomas no pueden más y los ayuntamientos han sobrepasado con creces sus obligaciones".

La Unión Europea dedica un 2 % de su Producto Interior Bruto al sistema de cuidados o dependencia, una cifra que en España baja hasta el 1,3 % por lo que servicios en Europa son mejores que los nuestros.

Por eso reclama a los gobernantes que "cojan una calculadora y comprueben que la mejor inversión pública para la generación de puestos de trabajo es precisamente invertir en el sistema de atención a la dependencia". Ya que, "por cada millón de euros que invertimos en dependencia se generan 37 puestos de trabajo directos, estables y no deslocalizables".

Una inversión que, ampliada a las residencias, supondría que "por cada plaza en estos centros se generan dos puestos de trabajo. Sería un dinero con un retorno, según Ramírez del 40 % del dinero público que se invierte por la recaudación de IRPF, impuesto de sociedades o beneficios sociales, "la verdad es que es una inversión muy rentable".

Por ello, considera que de no atender este sector el Gobierno será responsable de "contribuir al sufrimiento y desatención de todas las personas del limbo de la dependencia, de la situación de los diez millones de personas que se encuentran en el precipicio de la exclusión social, de las 400.000 personas mayores en residencias, de otras 43.000 personas con discapacidad en centros residenciales, de las 100.000 más en centros de día, las 450.000 con el servicio de ayuda a domicilio, de las 40.000 personas sin hogar, del millón de personas mayores que viven solas y de los más de 5.000 niños que sufren violencia en sus hogares".

Ante este situación, los directores y gerentes de Servicios Sociales confían en que "los gobernantes autonómicos destinen las cantidades que hubiesen correspondido de haber mantenido el crédito anunciado y eliminado", y que "el vicepresidente de derechos sociales tenga más autoridad e influencia que la demostrada hasta ahora para defender el cuarto pilar del bienestar del que es competente".

Según la información aportada por la Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales de haberse mantenido el crédito de los servicios sociales que anunció el Gobierno durante el mes pasado y que han eliminado, Andalucía habría recibido 172 millones de euros, Cataluña 151, Madrid 129, Comunidad Valenciana 100, Castilla y León 58, Galicia, 56, Castilla La Mancha 48 y Canarias 47.

Asimismo, País Vasco percibiría 44 millones, Aragón 33, Murcia 31, Extremadura 26, Asturias 22, Baleares, 24, La Rioja y Navarra 15 millones, Cantabria 13, y Ceuta y Melilla 5 millones cada una.