Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, estaría en el punto de mira de la investigación penal que lleva a cabo la Guardia Civil sobre la autorización de las marchas que tuvieron lugar el pasado 8 de Marzo en ocasión del Día Internacional de la Mujer y otras movilizaciones en aquellas fechas pese a conocerse el riesgo de contagio del coronavirus.

Nuevos informes han salido a la luz desvelando que Simón, siempre en el centro del huracán al ser la cara más popular de la pandemia en España, ya participó un documento el 10 de febrero que se presentó en Europa en el que se constataba que el virus no iba a ser una gripe. Ni mucho menos. Y ya se avanzaba la magnitud del contagio, la necesidad de mascarillas y respiradores y de reservar camas UCI. También se apostaba por la distancia social como elemento básico así como el lavado de manos para evitar el contagio. Nada de eso se hizo en su momento.

Simón explicó esta falta de reacción argumentando que es una reunión en la que participamos un compañero del Instituto Carlos III y yo de forma periódica. No subestimamos el virus porque precisamente se cambió el orden del día para hablar exclusivamente del coronavrius, así que creo que subestimar, subestimar no lo hicimos. En la reunión se habló del virus en China. Hablamos de las medidas de movilidad, del impacto del cese de exportaciones de China, que en ese momento acaparaba los productos que necesitaba para el virus y del riesgo de importación de este en la UE. En España en esos momentos teníamos dos casos importados", defendía en rueda de prensa.

Según avanza El Confidencial, el cuerpo policial ha acreditado que Simón manejaba al menos tres días antes del 8-M datos que evidenciaban la gravedad de la crisis sin tomar medida alguna respecto a las manifestaciones feministas ni tampoco a la celebración de un congreso político de Vox en el Palacio de Vistalegre con 9.000 cargos y afiliados y un partido de fútbol en el Wanda Metropolitano ante 60.000 espectadores.

Las investigaciones están dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid y también apuntan al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, imputado en la causa por un presunto delito de prevaricación por haber permitido las aglomeraciones de esos días previos a la declaración del estado de alarma.

La Guardia Civil atribuye a Simón un papel decisivo en la suspensión de un congreso evangélico que iba a celebrarse en Madrid entre el 19 y 21 de marzo empezado a decidir el 5 de marzo, tres días antes del 8-M, cuando responsables de esa congregación cristiana se reunieron con el ministro Salvador Illa y el propio Simón, los cuales recomendaron la suspensión del encuentro religioso a causa de un brote de Covid-19 en una de sus iglesias.

Según El Confidencial, Juan Carlos Escobar, pastor evangélico y máximo responsable del congreso, acredita una segunda cita con Simón el 6 de marzo, el cual facilitó datos precisos sobre el avance del SARS-Cov-2 en España y convenció a los líderes evangélicos de que su convocatoria entrañaba una seria amenaza para la salud pública.

No solo eso. En un Gobierno que defiende siempre que ha seguido los consejos de los científicos, la OMS emitió una advertencia el 14 de febrero sobre el peligro de los actos multitudinarios y que, el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades publicó una circular aún más contundente que desaconsejaba la autorización de aglomeraciones.

No se entiende entonces por qué no se cortaron de raíz los eventos multitudinarios. Y no es la única polémica porque la tardanza en recomendar las mascarillas – ahora obligatorias y en su momento no recomendadas como dijo Simón, porque no había- también está en el aire. Lo cierto es que Simón, que siempre ha dicho que no se subestimó la pandemia tiene ahora que explicar qué le llevó a no poner encima de la mesa sus evidencias ante los políticos.