El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a ser el centro del debate en el Congreso en una sesión de control más tensa que nunca en la que incluso se ha calificado al padre de Pablo Iglesias de terrorista por parte de Cayetana Alvarez de Toledo, recordando un pasado que la diputada del PP ha relacionado con los FRAP (el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota fue una organización terrorista de extrema izquierda española de orientación ideológica antifascista). Pero el objetivo ha sido Marlaska en su semana más política y conflictiva. Porque el cese de Cobos de manos de un exjurista de prestigio tiene a todos desconcertados y el informe sobre la manifestación del 8M está en el ojo del huracán (no solo por lo que dice, sino por sus errores). Y no solo eso, provocó la dimisión del DAO de la Guardia Civil.

Marlaska ha vuelto a señalar que desconoce el informe de la Guardia Civil sobre las manifestaciones del 8M entregado en el juzgado y ha negado cualquier tipo de injerencias en la labor de este cuerpo y en el poder judicial. Marlaska se ha sometido esta mañana en la sesión de control al Gobierno del Congreso a siete preguntas (cuatro del PP, dos de Vox y una de Ciudadanos) sobre el cese del coronel jefe de la Guardia Civil en Madrid Diego Pérez de los Cobos, supuestamente por ese informe. No ha gustado tampoco en el Instituto Armado que la equiparación salarial llegue en un momento de incendio politico.

Los tres grupos han vuelto a pedir la dimisión del titular de Interior, que, como hiciera ayer en rueda de prensa, ha enmarcado el cese de De los Cobos en la reorganización de los equipos que llevan a cabo el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha eludido este miércoles contestar a las reiteradas preguntas en el Congreso de los diputados de la oposición sobre si fue él quien ordenó que varios superiores pidieran información al coronel Diego Pérez de los Cobos, cesado como jefe de la Comandancia de Madrid, para interesarse sobre la investigación judicial de la manifestación del 8M y el inicio del contagio de coronavirus.

En una ofensiva con siete preguntas en la sesión de control del Congreso y peticiones de dimisión, el PP ha pedido que restituya en el cargo al coronel Pérez de los Cobos, Vox ha anunciado una querella por estas supuestas presiones y Ciudadanos ha cuestionado la versión del Ministerio del Interior y ha acusado al Gobierno de querer una "administración servil" por los ceses sin justificación.

"¿Fue usted el que ordenó llamar al coronel y ordenó el cese? Son las preguntas que haría siendo juez", le ha dicho el diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal. Grande-Marlaska ha defendido a su secretario de Estado de Seguridad y a la directora general de la Guardia Civil por ser unos "excelentes profesionales" y ha insistido en la versión de que lo que hizo fue una remodelación de equipos que afecta a cargos de libre designación.

En este sentido, el ministro ha afeado el "flaco favor" que hacen los grupos parlamentarios que han aireado las llamadas telefónicas a Pérez de los Cobos con supuestas presiones tanto de la directora del Instituto Armado, María Gámez, como de dos generales, José Antonio Berrocal, jefe de la Zona de Madrid, y Fernando Santafé, jefe del Mando de Operaciones Territoriales.