La Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, aprobada el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados, ha entrado hoy en vigor. La norma establece que esta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable". El Partido Popular intentó pararla este jueves en el Constitucional pero el los magistrados rechazaron la suspensión cautelar.

Después de la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita". Tras ello, el paciente deberá confirmar su intención.

Aún así, después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos. Será este médico quien autorizará el proceso, antes, tiene que pedir la opinión de un facultativo formado en el "ámbito de las patologías que padece el paciente" pero que no sea de su "mismo equipo del médico". Asimismo, la comisión de evaluación autonómica (cuya formación está especificada también en la norma) deberá elegir a dos expertos (uno de ellos jurista) que evalúen el caso.

Ambos expertos deben de estar de acuerdo en su decisión, ya que, de lo contrario, será el pleno de la comisión quien la tome. Del mismo modo, este texto recoge que los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación "podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia", un reparo que "deberá manifestarse anticipadamente y por escrito".

Asimismo, según adelantó este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado el protocolo para la valoración de la incapacidad de hecho para la eutanasia, el cual regirá el procedimiento que deben seguir los médicos en situaciones en las que el paciente no se encuentre en uso de sus facultades y no pueda realizar las solicitudes necesarias.

"Este protocolo es necesario porque es un manual de recomendaciones que están a disposición del personal médico para poder llevar a cabo, en el caso de que la persona no sea capaz, el procedimiento establecido para ir viendo las distintas situaciones", aseveró la ministra de Sanidad.

Por otra parte, se encuentra el el 'Manual de buenas prácticas', que está terminando de revisarse, que contempla aspectos esenciales como las recomendaciones sobre los medicamentos a administrar para que la prestación se realice de forma homogénea en todo el SNS e incluye modelos de los principales documentos necesarios para el desarrollo del proceso, como por ejemplo el formulario de solicitud, la hoja de información sobre la eutanasia, el consentimiento informado o las recomendaciones para el ejercicio de la objeción de conciencia por los profesionales sanitarios.

La Ley establecía un plazo de tres meses tras su entrada en vigor, es decir, hasta el 25 de septiembre para la aprobación por parte del CISNS de ambos textos. Sin embargo, gracias al trabajo coordinado del Ministerio de Sanidad con todas las personas expertas y directivas de las CCAA que forman parte del Grupo de Trabajo, uno fue aprobado ayer y el otro va a estar listo para poder contar con él "próximamente".

La Comisión de Formación Continuada de los profesionales sanitarios, adscrita a la Comisión de Recursos Humanos del SNS, está trabajando con las CCAA en la coordinación de la oferta de formación continuada específica para los profesionales sanitarios. Esta formación recogerá todos los aspectos necesarios para que los profesionales sanitarios puedan llevar a cabo esta prestación. Asimismo, se ha abierto un apartado dentro de la página web del Ministerio en el que se irá subiendo información de utilidad tanto para la ciudadanía como para los profesionales sanitarios.

El Ministerio ha resaltado que se trata de "una norma garantista que da respuesta a la demanda social existente en torno a este tema". "Su legalización y regulación se asientan sobre la compatibilidad de principios esenciales recogidos en la Constitución, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, así como la defensa a la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad", defiende Sanidad en un comunicado.