Las consecuencias de no aprobar la prórroga del estado de alarma

El líder del PP, Pablo Casado, ya ha anunciado que no apoyará en el Congreso la ampliación del estado de alarma que tiene previsto Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. En palabras de Casado, la cuarta prórroga del estado de alarma “no tiene sentido”. Tampoco será apoyada por los partidos nacionalistas ni por Vox, pero ¿qué pasará si no logra los apoyos suficientes?

Si el Gobierno no lograra el preceptivo aval del Congreso para una nueva prórroga del estado de alarma podría recurrir a varias leyes sanitarias para seguir actuando contra el coronavirus, pero perdería el mando único y estaría obligado a una mayor coordinación con las comunidades autónomas.

Ello acarrearía riesgos para una aplicación exitosa y segura de un proceso de desconfinamiento que ya está en marcha, tal y como advierten varios constitucionalistas, quienes al mismo tiempo que admiten la posibilidad de acudir a un marco legislativo alternativo inciden en la mayor complejidad que supondría su aplicación.

La Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 se presenta como la principal norma que podría utilizar el Ejecutivo en caso de no conseguir respaldo parlamentario a una nueva prórroga del estado de alarma.

Se trata de una ley breve, de solo cuatro artículos. El tercero dice: "Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".

Un planteamiento muy genérico al que también se podrían añadir otros postulados de la Ley de Salud Pública de 2011, la Ley General de Sanidad de 1986 e incluso de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015, apuntan varios expertos.

Pero ninguna ley faculta al Gobierno para mantener el confinamiento que se activó con el estado de alarma, cuya prórroga ponen en entredicho cada vez más fuerzas de la oposición y también muchas comunidades autónomas.

La cuestión está en que si el Gobierno se queda sin su "hiperliderazgo", en palabras del catedrático José Manuel Vera, estaría más obligado que nunca a coordinarse con las 17 autonomías, las competentes en materia sanitaria, y tendría muchos problemas para dar marcha atrás en la desescalada si así lo aconsejara un rebrote de la pandemia.

El reto de combatir el coronavirus sin el Ejecutivo al frente se presenta especialmente complicado por las patentes diferencias entre ellas en cuanto al impacto la pandemia y su orientación política.

Y aunque sí sería competentes para adoptar medidas sanitarias no podrían restringir la libertad de movimientos, como hasta ahora ha hecho el Gobierno.

El catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, Carlos Vidal Prado explica que el Ejecutivo "dejaría de tener ese mando único porque la norma del estado de alarma concentra todas las competencias en el Gobierno", actuaría en base a leyes sanitarias y de coordinación y prescindiendo de decisiones "unilaterales".

Miles de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo han sido aprobados en el marco de un Real Decreto que vinculaba su aprobación y mantenimiento a que se continuasen situación de estado de alarma. En caso de decaer surge el problema de la situación en la que quedarían empresas y trabajadores.

Según Carlos Vidal, se trata de un "inconveniente tiene una fácil solución y es mediante la modificación de los decretos que vincularon los ERTE al mantenimiento del estado de alarma para proceder a su desvinculación". Además el Gobierno ya reconoce que dados los datos del paro y la difícil situación económica que una solución puede ser desvincularlos del estado de alarma porque más allá de este las empresas van a seguir teniendo problemas serios y flexibilizar la vuelta de los trabajadores a su puesto conforme la empresa a la que pertenecen o la pyme, lo más común, vaya remontando.

Tal y como apunta el también catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido, teniendo muy presente que sin estado de alarma el margen de actuación que le queda al Gobierno, sobre todo con la Ley de Medidas Especiales de Sanidad Pública, se refiere exclusivamente a los enfermos o contagiados, los únicos que podrían ser aislados para evitar la expansión de la enfermedad.

No podría actuar "sobre los sanos", señala el también vicepresidente de la Fundación Alternativas, de manera que se acabaría con la actual restricción de movimientos a la población.

Solo cabría, y ya para casos concretos, aplicar otro tipo de límites para, por ejemplo, evitar manifestaciones. Las delegaciones del Gobierno podrían prohibirlas para evitar el contagio, en una ponderación entre el derecho a la vida y el derecho de manifestación.

López Garrido considera que el instrumento jurídico "correcto" para actuar contra una pandemia como la COVID-19 es el estado de alarma, pero también para avanzar en el desconfinamiento, porque sin su apoyo el Ejecutivo se vería "enormemente limitado para operar sobre el contagio" y se rompería toda su estrategia sanitaria.

José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, coincide en que la mejor manera de acometer una desescalada es bajo un mando único, porque de lo contrario se abre un panorama "mucho más complejo", ya que a las comunidades les correspondería aplicar el 90 por ciento de las medidas en consonancia con sus competencias sanitarias.

Es decir, podrían adoptar decisiones "radicalmente distintas" por ejemplo a la hora de permitir el acceso a determinadas áreas, como las playas, hasta darse el caso de que en unas comunidades estaría permitido y en otras no, algo "difícilmente entendible" para los ciudadanos.

En lo que sí discrepa este catedrático es en el tipo de mecanismo escogido por el Gobierno para afrontar la pandemia, puesto que a su juicio no tenía que haber activado esta suerte de "estado de alarma fake", sino un estado de excepción que hubiera permitido al Congreso "controlar realmente" los pasos dados por el Ejecutivo.

Y es que ni el estado de alarma ni las leyes generales de sanidad pública "pueden proceder a una suspensión de derechos y libertades tan evidente como la que se ha producido", remarca.

Vera recuerda que la Ley General de Sanidad delimita los márgenes de las medidas especiales y establece que "deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad" de manera que sean "lo menos limitativas" posible para los derechos ciudadanos.

Con todo, entiende que la desescalada debería acometerse a partir de un mando único, siempre y cuando tuviera en cuenta las atribuciones de las autonomías y pactara con los agentes sociales.

Por ello, y a pesar de sus reservas, apuesta por mantener el estado de alarma al ser preferible este marco a un aluvión de "17 decisiones de gobiernos regionales" muy distintas e incluso contradictorias entre sí.

Otro asunto es el papel del Parlamento, cuya autorización ya no precisaría el Ejecutivo como ocurre con el estado de alarma.

Carlos Vidal hace notar que ello no supone dar "un cheque en blanco" al Gobierno, que seguiría sometido a control parlamentario, del mismo modo que ahora el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece semanalmente en el Congreso, al que además le compete convalidar los decretos-leyes que aprueba el Gabinete.

Pero en todo caso el mayor riesgo para el Ejecutivo siempre estaría en esa exigencia de máxima coordinación con las comunidades autónomas en la línea de esa "cogobernanza" que ya ha anunciado, y siempre con respeto al marco competencial autonómico.