El vicepresidente en funciones de presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha firmado este viernes el decreto por el que el Govern pospone las elecciones catalanas del 14 de febrero y las convoca para el 30 de mayo. Una decisión peliaguda, como también lo es que el Gobierno central se resista a confinar domiciliariamente, algo que los datos de esta tercera ola y gran parte de los expertos piden. Pero no. Veremos si el retraso de las elecciones cambia este criterio que Salvador Illa, ministro de Sanidad y candidato, y el mismísimo Fernando Simón, no ven necesario ahora. Pero esta tercera ola es peor que las dos anteriores, más contagios - o más detecciones como dice Sanidad- conlleva más ingresos, más UCI ocupadas y más muertes.

El as en la manda de Sanidad es que en las otras olas hubiera más contagios desconocidos. Volvamos a Cataluña. La decisión se ha tomado en base a los datos epidemiológicos dice el Ejecutivo catalán. Esos datos desaconsejaban mantener la fecha electoral. Estas elecciones son el resultado de la negativa de los partidos para investir a un presidente que sustituyera al inhabilitado Quim Torra, que cesó en el cargo a finales de septiembre de 2020, por lo que, con la decisión de postergar los comicios el Ejecutivo catalán estará en funciones más de ochos meses.

No todos piensan lo mismo porque lo que resulta evidente es que este retraso beneficia a unos y perjudica a otros.

El PSC que se ve bien en las encuestas, recela

El PSC no lo ve con buenos ojos y tiene un problema con Illa, y el hecho de que su mantenimiento como ministro de Sanidad, con toda la cobertura mediática que ello conlleva, sea ya cuestionado abiertamente por el resto de partidos hará que la tensión crezca. La gestión de la pandemia, que va rauda a niveles de récord y quién sabe si confinamientos severos puede volverse en contra del candidato.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ya ha advertido de que analizarán el decreto que concrete estos aspectos técnicos porque considera que no se pueden cambiar "las reglas de juego una vez iniciada la partida", ya que cree que no se deben poder hacer cambios en trámites como las candidaturas ya presentadas para el 14F, y no descarta la posibilidad de impugnarlo. Bien, no le ha sentado.

Vox, contrario al retraso

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su rechazo a aplazar las elecciones catalanas porque cree que se pueden realizar con medidas de seguridad, y ha advertido de que Vox estudia un posible recurso al aplazamiento: "Si hay un resquicio legal, lo haremos".

"Nosotros decimos basta ya de excepcionalidad institucional que permite aplazar unas elecciones. O de la excepcionalidad que hace que muchas personas no puedan trabajar en Cataluña o que sus derechos estén limitados. Decimos que España debe protegerse pero España no debe detenerse". Por su parte, el candidato de Vox a las catalanas, Ignacio Garriga, ha lamentado que el aplazamiento se produzca a su juicio por motivos políticos: "Estamos convencidos de que en ningún caso hay razones sanitarias y que los que les mueve de verdad son motivos políticos, con esas encuestas que les dan resultados negativos".

"Tienen miedo porque el conjunto de los catalanes está clamando poder depositar sus votos para desalojar a la mafia separatista, recuperar la Cataluña que nos han robado y en definitiva respirar en libertad", ha incidido.

Al PDeCAT no le gusta

La decisión ha sido acogida con buenos ojos por la mayoría de partidos, excepto por los socialistas y por el PDeCAT --estos últimos pedían celebrarlas el 25 de abril o el 15 de mayo--, aunque la oposición ha reprochado al Govern la falta de previsión y le ha exigido medidas para que no se tengan que volver a posponer.

El apoyo a la independencia se desinfla lentamente a medida que las expectativas de alcanzarla se desvanecen y la división de los partidos soberanistas se acentúa. El respaldo a la secesión superaba el 45% el pasado septiembre, en enero ha caído por debajo del 43%. Y, paralelamente, mientras hace cuatro meses el rechazo a la independencia se acercaba al 47% (un punto y medio por encima del porcentaje de apoyo), hoy roza el 49%. Es decir, una ventaja de más de seis puntos para los opuestos a la secesión. Hay dudas de la victoria independentista y mucha división.

Se trata de las quintas elecciones catalanas en los últimos 10 años, ya que después de los comicios de 2010 el expresidente Artur Mas adelantó las elecciones en 2012; tras la consulta popular del 9N de 2014 volvió a adelantarlas en 2015 para presentarlas como un plebiscito de la independencia y tras el 1-O y la intervención del autogobierno catalán con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno de Mariano Rajoy convocó las de 2017.

La fecha inicial, el 14 de febrero, surgió, precisamente de esa falta de acuerdo: al no haber un candidato investido en los plazos que exige la Ley de Presidencia, se disolvieron las cortes de forma automática y las elecciones cayeron ese día de febrero.

Con la vista puesta en las cifras de contagio, el Govern ha venido tomando medidas para paliar el situación sanitaria, también durante las fiestas de Navidad, que ha permitido, pero con limitaciones.

Ahora la discusión en los próximos días se centrará en los aspectos técnicos del aplazamiento y las nuevas elecciones, es decir, si cambiará el censo, si se podrán modificar las candidaturas, si se podrán recoger avales para que se presenten nuevos partidos o si el voto por correo se deberá volver a solicitar.

En este sentido, el Govern está estudiando la posibilidad de convalidar algunos de los trámites ya realizados, como las candidaturas presentadas o los avales recogidos por los partidos nuevos, aunque necesitará el aval de la Junta Electoral Central (JEC), y previsiblemente las listas podrán modificarse y se podrán presentar nuevas formaciones.

El PP indiferente

El secretario general del PP catalán, Daniel Serrano, ha acusado a los independentistas y al PSC de protagonizar un "mercado de posible fechas electorales por cálculos e intereses electorales" tras aplazarse las elecciones catalanas al 30 de mayo.

En rueda de prensa en el Parlament, ha exigido al Govern que tome las medidas necesarias para garantizar que el 30 de mayo se pueda ejercer el derecho a voto, tras advertir del riesgo de que se llegue a finales de abril y se plantee "un nuevo aplazamiento si a Waterloo le conviene".

Tras la reunión entre el Govern y los partidos de este viernes, Serrano ha asegurado que "no se ha debatido ni votado nada porque el Govern ha llegado con dos decisiones ya tomadas: el aplazamiento de las elecciones, y la decisión de celebrarlas el 30 de mayo. El Govern no ha hecho los deberes, porque hace tiempo que se sabía que en Cataluña había elecciones en febrero. Tenía que haber previsto las medidas necesarias para que se pudiera votar, pero no ha sido así", ha lamentado. Por ello, considera que todo lo ocurrido ha sido "una especie de comedia en la que el Govern ha querido trasladar la apariencia de que la mesa decidía algo, pero no decidía nada".