El "sí quiero" en tiempos de covid-19 se planifica de forma virtual. A golpe de 'click' se puede elegir desde la carpa, hasta el 'catering'. Menos invitados y más seguridad. Los espacios ofrecen servicios profesionales para hacer pruebas de antígenos tanto al personal como a los invitados. También, medidores de CO2 para saber cuándo hay que ventilar y aparatos de rayos ultravioleta para garantizar la desinfección de todos los servicios.

A la llegada de los invitados, gel individualizado para los manos, una nueva mascarilla y una caja para guardarla cuando se la quiten para comer. Con perspectivas mejores para este año, el sector nupcial ha perdido el 80 por ciento de su facturación.

Las empresas de organización de bodas catalanas prevén que sufrirán una caída de 460 millones de euros en su facturación por las restricciones aplicadas por la pandemia del covid-19, según datos de la asociación de empresas de gestión de eventos y bodas de Catalunya (Aegecat).

La agrupación también ha asegurado que el 82% de las bodas programadas para el 2020, con una previsión de ingresos que superaba los 562 millones de euros, se han cancelado o aplazado y "han abocado al sector a una situación límite que amenaza su supervivencia", ha informado en un comunicado este viernes.

Por ese motivo, la Aegecat ha pedido a las administraciones públicas la adopción de medidas urgentes como exenciones fiscales o aplazamientos de impuestos, además de denunciar la situación de "desconcierto y descoordinación de las instituciones que, hasta el día de hoy, han sido incapaces de dar una respuesta real y efectiva a la situación".

La asociación ha denunciado que desde el Gobierno no se han proporcionado ni instrumentos ni herramientas efectivas para que el sector pueda combatir la pandemia, mientras que ha constatado que las ayudas económicas anunciadas por la Generalitat son "totalmente insuficientes" y que, cuando se empiecen a hacer efectivas, ya será demasiado tarde.

El presidente de la Aegecat, Pep Minguell, ha asegurado que el sector se siente "ignorado y desamparado" ante la situación porque, desde que el Estado ha traspasado las competencias a las comunidades autónomas, estas actúan de manera independiente creando situaciones de discriminación negativa.