Llegan, con polémica, las nuevas zonas de bajas emisiones: a qué municipios y vehículos afecta y cómo

A partir del 1 de enero de 2023, todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los que tengan una población superior a 20.000 personas y superen los valores límite de contaminantes regulados tendrán que aplicar zonas de bajas emisiones (ZBE) en sus territorios.

Alrededor de 150 municipios españoles, en los que en total viven unas 25 millones de personas y alrededor del 53% de la población nacional (según cálculos de distintas organizaciones), son los que deberán implementar ZBE, lo cual implica medidas como restringir el acceso a determinados vehículos a esas zonas, fomentar el transporte colectivo y los puntos de recarga de vehículos eléctricos, entre otras cuestiones.

Las estimaciones de diferentes organizaciones del sector del automóvil apuntan que la implantación de estas medidas afectará a casi cuatro millones de vehículos sin etiqueta medioambiental de los en torno a 11,5 millones de coches que circulan en las ciudades españolas en obligación de tener una ZBE en 2023.

Sin embargo, si bien los municipios afectados tienen que delimitar esas zonas, en la gran mayoría de los ayuntamientos la regulación local que dictaminará el funcionamiento específico de las mismas todavía no está definido, lo que supone que en la práctica no habrá un cambio drástico para los conductores de un día para otro.

De hecho, la semana pasada la Asociación Nacional Empresarial de Vehículos de Alquiler (Aneval) advirtió de que solo alrededor de 20 de los ayuntamientos obligados (en torno al 13%) han “iniciado la presentación de sus medidas”, por lo que han urgido a los consistorios a que publiquen las normativas lo antes posible.

También apremió a la Dirección General de Tráfico para que se ponga en marcha “lo antes posible” la plataforma en la que está trabajando y que deberá recoger en abierto todas las ordenanzas municipales de las zonas de bajas emisiones. Esta plataforma de la DGT debería facilitar, por ejemplo, que los servicios utilizados como GPS por parte de los conductores puedan advertir de las restricciones vigentes.

Desde el 1 de enero de 2023, todos los coches que no dispongan de una etiqueta medioambiental no podrán circular por la M-30 ni a toda la zona interior de esta. Desde enero de 2022 estos coches ya no podían acceder a la zona delimitada por la circunvalación M-30, pero ahora tampoco podrán hacerlo por la propia carretera M-30.Esta prohibición afecta solo a los coches, por lo que las motocicletas, ciclomotores, furgonetas y camiones podrán circular sin limitaciones en la M-30 por el momento.

Además, hay otra excepción más: los vehículos que estén dados de alta en el padrón municipal de la ciudad de Madrid, es decir, los que pagan el impuesto de matriculación en Madrid, sí que podrán circular por la M-30 aún sin etiqueta. Esta excepción se aplica solo a la ciudad de Madrid.

En el último Consejo de Ministros celebrado este año se aprobó el Real Decreto que regula las zonas de bajas emisiones y en él se establecen los requisitos mínimos homogéneos que tendrán que cumplir los municipios afectados.

Así, las ZBE podrán establecer medidas de carácter continuo o temporal como restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente.

Con respecto a los objetivos de mitigación del cambio climático, el Real Decreto señala que los municipios tendrán que definir objetivos cuantificables de reducción de emisiones para 2030 y que sean coherentes con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para la reducción del uso del vehículo privado de motor frente al resto de modos de transporte.

En caso de que se cumpla con los límites de contaminación, la norma permite el acceso excepcional de vehículos contaminantes por razones justificadas, como por ejemplo los que prestan servicios públicos básicos, entre otros, servicios de emergencias o recogida de basuras.

Por otro lado, también hay estimaciones que indican que el 5% de las compras de vehículos en España ya está motivada por la entrada en vigor de las ZBE en 2023. Esta cifra sigue siendo más baja que el porcentaje de clientes que adquieren un vehículo por necesidad (80%), y cercana a aquellos que compran un coche por aspiración o “capricho”, siendo estos el 15% del mercado, una cifra menor a años anteriores por el efecto inflacionario.

Según un análisis de Sumauto elaborado a finales del pasado octubre, Canarias registra el porcentaje más alto de coches sin etiqueta en España. De hecho, las ciudades canarias de Santa Cruz de Tenerife (44,1%), Arrecife (43,7%), San Cristóbal de La Laguna (43,4%) y Arona (41,7%), son las urbes con un mayor porcentaje de vehículos sin distintivo medioambiental. Le siguen la ciudad gallega de Ourense (41,7%), y las castellanoleonesas de Ponferrada y León, ambas con un 39,6% de coches en esa situación.

En el polo opuesto se encuentran Alcobendas (9,9%), Boadilla del Monte (11,6%) y Rivas Vaciamadrid (18,3%), localizadas todas ellas en la Comunidad de Madrid.

La mitad de los españoles desconoce en qué consisten las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), aunque ocho de cada diez se muestran a favor de esta medida una vez conocen los detalles, según ha revelado un estudio realizado por la compañía de movilidad Alphabet.

Con el nuevo año, la entrada en vigor de la nueva Ley de Cambio Climático obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes a implementar Zonas de Bajas Emisiones, impidiendo el acceso al centro urbano a los vehículos más contaminantes.

El 80% de los encuestados por Alphabet se muestra de acuerdo con esta medida, aunque tres de cada diez expresan que solo la respaldan si no afecta a su propio coche. Más del 37% de los españoles desconoce qué distintivo tiene su vehículo, una proporción que asciende al 43% si solo se consideran los habitantes de los municipios con menos de 100.000 habitantes que se verán afectados por esta medida.

Más de un tercio de los españoles piensa que sus hábitos de movilidad cambiarán una vez se implanten las ZBE, y hasta el 16% de los encuestados cree que tendrá que comprar un nuevo vehículo para poder acceder al centro de su ciudad. Entre las opciones que consideran, la mayoría se decantaría por el híbrido no enchufable (33%), seguido de los vehículos totalmente eléctricos (22%) y de los diésel o gasolina menos contaminantes (18%).

Una estación medidora del área de Barcelona incumplió el valor límite anual establecido para el dióxido de nitrógeno (NO2), con datos provisionales de la calidad de aire de la Generalitat, según ha informado este lunes Ecologistes en Acció en un comunicado.

La estación Eixample habría sido la única en todo el Estado que el año pasado incumplió este límite legal y alcanzó una concentración de 42 microgramos por metro cúbico, cuando la máxima permitida está establecida en 40 desde el año 2010.

En cambio, por primera vez desde que se dispone de registros sistemáticos de NO2, la contaminación del aire en la ciudad de Madrid no habría superado este valor límite anual, igualándolo en la estación de Plaza Elíptica, con una concentración de 40 microgramos por metro cúbico, frente a los 41 registrados en 2020 y 2021.

Los ecologistas han asegurado que la contaminación por NO2 en las dos principales áreas urbanas españolas "se mantiene así en niveles muy elevados, que igualan o superan el valor límite anual vigente". Los niveles de NO2 en ambas ciudades "duplican el nuevo valor límite anual propuesto por la Comisión Europea para 2030, 20 microgramos por metro cúbico, y cuadruplican la recomendación anual de la OMS, fijada en 10".

Ecologistes en Acció han asegurado que las zonas de bajas emisiones de Barcelona y Madrid "se están demostrando como insuficientes" para reducir la contaminación del aire, y han considerado que sus ayuntamientos tendrían que reducir de manera drástica el tráfico motorizado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó el pasado 22 de diciembre a España por no haber tomado las medidas necesarias para impedir el incumplimiento sistemático y continuado de los límites de contaminación del aire en Madrid y el área metropolitana de Barcelona entre 2010 y 2018, una sentencia que no acarrea multa por ser una primera condena sobre el caso.

La ZBE Rondas de Barcelona es una área de más de 95 km² que incluye Barcelona y los municipios que circundan las rondas, donde se restringe progresivamente la circulación de vehículos más contaminantes. Esta es una de las medidas municipales para velar por la calidad del aire que respiramos y garantizar el derecho a la salud dentro de la ciudad. Se trata de reducir el uso de los vehículos privados más contaminantes. Engloba todo el término municipal de Barcelona (excepto la Zona Franca Industrial y los barrios de Vallvidrera, El Tibidabo y Les Planes), los municipios de Sant Adrià de Besòs y L'Hospitalet de Llobregat, y parte de los municipios de Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat.

El 72% de los españoles afirma estar preocupado por el nivel de contaminación del aire de su ciudad y, además de apoyar la implantación de Zonas de Bajas Emisiones, la mayoría (83%) se posiciona a favor de medidas de fomento del transporte público como la concesión de abonos gratuitos y el incremento de las rutas y las frecuencias.

La mitad de los encuestados califica como "positivos" también los planes de ayudas para la compra de vehículos eléctricos, mientras el 40% respalda la instalación de aparcamientos disuasorios en las entradas a las ciudades y la creación de nuevas zonas peatonales.

Por el contrario, las medidas que suponen un coste adicional para los ciudadanos, como el pago de peajes y el estacionamiento regulado, son las peor valoradas por los encuestados. El 69% de los españoles asegura que la obligación de implantar nuevas ZBE se debe a motivos medioambientales, mientras que un 29% atribuye esta medida a fines políticos y uno de cada cuatro cree que solo tiene una meta recaudatoria.