El Gobierno busca de forma desesperada recaudar 100.000 millones de euros para afrontar a corto y medio plazo el agujero presupuestario que ha dejado en las cuentas nacionales la crisis por la pandemia de COVID-19. Las subidas de impuestos anunciadas en al acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos se quedan cortas para financiar toda la artilerría de ayudas implementadas para rescatar a trabajadores, autónomos y empresas.

Pero falta dinero, mucho dinero. El Banco de España a reclamado el Gobierno que recorte gastos y suba impuesto, incluido el IVA. Los empresarios piden más ayudas y sostener los beneficios en prestaciones incluidos en los ERTE más allá de diciembre de 2020, aunque se oponen a gravámenes más altos. Los sindicatos coinciden en parte con las demandas de estos, pero quieren que la crisis vuelva a pasar factura a los más débiles.

Ante este panorama, el Ejecutivo de coalición ya trabaja para que durante este mes se apruebe en el Congreso dos nuevos impuestos de gran calado: la conocida como Tasa Tobin a los intercambios financieros y la Tasa Google.

Esta tasa a los grandes operadores de Internet gravará a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Concretamente, el 3 % de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

Para este impuesto, el PP ha propuesto ya no aplicarlo a aquellas plataformas digitales de intermediación que no reciban contraprestación por sus servicios, como Wallapop, habilitar cambios en los umbrales, el tipo impositivo en los Presupuestos Generales del Estado, y retrasar su entrada en vigor hasta la publicación de la directiva europea correspondiente.

Por su parte, la conocida como 'Tasa Tobin' gravará con un 0,2 % las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, pero solamente las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros.

En este caso, el PSOE y Unidas Podemos quieren dejar fuera de su aplicación a las operaciones de autocartera --compras de acciones entre entidades de un mismo grupo, mientras que el PP busca eximir, entre otras compras, las operaciones de fondos de pensiones, aquellas realizadas por fondos de inversión que se consideren sostenibles y con carácter social o medioambiental, y las retribuciones a los empleados en acciones.

El Gobierno también ha anunciado subidas de impuestos en los tramos más altos del IRPF y en el de sociedades para las grandes empresas. Pedro Sánchez cree que la reforma fiscal es "inevitable" porque el porcentaje de ingresos sobre el PIB está en España siete puntos por debajo de la media de la UE y debe servir para financiar un estado del bienestar "robusto".

El Ejecutivo está pendiente de abordar la tributación del IVA como le reclama el Banco de España. En su último Informe Anual, el regulador señala los posibles nichos impositivos que el Gobierno debe considerar una vez se consolide la recuperación económica tras la crisis del coronavirus.

Asegura la entidad la economía española tiene "margen para redefinir la cesta de impuestos" con el objetivo de favorecer en mayor medida el crecimiento económico y a la reducción del déficit y la deuda pública. El objetivo es el diseño y comunicación de un programa plurianual de consolidación fiscal con una senda coherente con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que podría hacer "absolutamente factible" reducir la ratio de deuda por debajo del 100 % del PIB en diez años.

Recuerda el Banco de España que la recaudación impositiva en España, incluidos los ingresos por cotizaciones sociales, es inferior a la del promedio de la zona euro en unos 2 puntos porcentuales del PIB, lo que implica que podría recaudar más de 20.000 millones de euros adicionales.

En concreto, apunta que en torno al 40 % de esa diferencia se explica por los menores ingresos del IVA en España como consecuencia del mayor porcentaje de bienes de consumo tasados al tipo reducido o superreducido, mientras que la recaudación derivada del impuesto sobre sociedades y de los impuestos especiales representa, en ambos casos, en torno a un 30 % de la diferencia.

Asimismo, afirma que la imposición medioambiental, que incluye además de algunos impuestos especiales, como el de hidrocarburos o el de la electricidad, otros impuestos indirectos, como el de transporte, también se sitúa en España unos 0,8 puntos porcentuales por debajo del promedio de la Eurozona.

El organismo apunta también en su informe que un "elemento distintivo" de la fiscalidad española "susceptible de reconsideración" es el "elevado nivel" de beneficios fiscales, derivados de la presencia de "numerosas" exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos, que generan con frecuencia "pérdidas importantes" de recaudación y "distorsionan" la eficiencia y la equidad del sistema impositivo.

Lo que no parece estar por el momento en peligro son las pensiones ni los sueldos de los funcionarios. El Gobierno ha asegurado que "estos recortes no están en sus previsiones".