La SAREB o banco malo se creó en 2012, fruto del acuerdo entre la UE y el Gobierno de Rajoy. Se trataba de buscar una salida para los activos tóxicos de las cajas, inmuebles, créditos y solares que no iban a poder cobrar. Pero no fue gratis, la UE prestó los 50.000 millones de euros en que se valoraron estos activos; con el aval, eso sí, del Estado. Si algo salía mal, pagábamos todos. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Por eso los 35.000 millones de deuda y los 10.000 millones de pérdidas han pasado a las arcas públicas, causando un importante perjuicio.

Además se denuncia una mala gestión de estos activos que han gestionado hasta ahora los bancos (que han acabado absorbiendo a las cajas) y el fondo oportunista Cerverus. La SAREB ha sido y todavía es una gran inmobiliaria. Un casero que, según denuncian inquilinos y movimientos sociales como la PAH, pone cláusulas abusivas en los contratos, desahucia y tiene un funcionamiento opaco.

Ante la nueva situación jurídica de SAREB y con la titularidad cien por cien pública, expertos en vivienda, movimientos sociales como la PAH y algunas administraciones como la Generalitat Valenciana, piden que las viviendas de SAREB se incluyan en un banco público de viviendas.