Cuidado con reclamar por vía judicial tu tarjeta revolving: esto es lo que se lleva tu abogado

Si estás pensando en reclamar a tu banco por una tarjeta revolving es posible que un abogado ya te haya dicho que es un caso ganado, especialmente desde la sentencia del 4 de marzo de 2020 del Tribunal Supremo, donde se declaró usurario el tipo de interés del 26,82%. Es por ese motivo que se pueden encontrar numerosos anuncios en internet de profesionales que ofrecen tramitar estos casos por un precio entre los 100 y 700 euros. Sin embargo, deberías tener prudencia y antes de emprender la vía judicial sopesar otras vías que pueden ser más rápidas y efectivas.

Las tarjetas revolving (también conocidas como tarjetas renovables o rotativas) son, según el Banco de España, todas las tarjetas de crédito que permiten pagar en cuotas mensuales. Los dos requisitos imprescindibles para reclamar los intereses de una tarjeta revolving de manera extrajudicial son tener una tarjeta de crédito con la que hayas pagado a plazos y que los intereses de esta tarjeta sean “notablemente superiores” a la media. Muchas personas, a raíz de la mencionada sentencia del Tribunal Supremo, buscan reclamar los intereses de las tarjetas revolving pues consideran que son abusivos.

Los abogados lo saben y animan a reclamar judicialmente. Ellos no se benefician por lo que el cliente paga por sus servicios, sino por lo que éste recibe cuando se dicta la sentencia. Así, en la letra pequeña del contrato figura que las costas del juicio serán para el despacho, una cantidad de dinero que suele ser superior a lo que paga el cliente en un principio, según advierte la consultora financiera iAhorro.

Otro punto a tener en cuenta es que, aunque se gane el juicio, el cliente tendrá que saldar la deuda contraída con el banco. Por lo tanto, teniendo en cuenta que una vez finalizado el juicio el usuario tendrá que darle las costas al despacho, puede que el cliente no pueda terminar de pagar lo que debe.

Muchos ciudadanos desconocen este punto. Se lanzan a las reclamaciones sin que su abogado les haya informado de que estarán obligados a afrontar este pago incluso si ganan el juicio y que este debe hacerse porque si no la entidad tendrá derecho a demandarles. Un servicio jurídico de calidad siempre debe informarle de las posibles consecuencias de no devolverlo a tiempo”, explica Antonio Gallardo, experto financiero de iAhorro.

Esto se puede ilustrar con un ejemplo. Un usuario ha utilizado una tarjeta revolving para aplazar una compra de 4.000 euros, por lo tanto, ha pagado 2.500 euros de intereses y aún le debe 1.500 más a la entidad. Lleva su caso a juicio y la sentencia dicta que el banco debe devolverle los intereses y darle unas costas de 2.500 euros. Por lo tanto, el cliente recibirá un total de 5.000 euros.

Sin embargo, tendrá que saldar la deuda con el banco (1.500 euros) y de los 3.500 euros restantes tan solo se llevará entre 395 y 1.000 euros, puesto que el resto acabará en el despacho del abogado que ha llevado su caso. Todo ello porque cuando firmó el contrato con el abogado pactó que, junto con los honorarios, las costas se las llevaría el bufete. Por lo tanto, el letrado que haya llevado su caso se embolsará 2.500 euros de las costas más los honorarios correspondientes.

Estos cobros son posibles siempre que “se haya llegado a un acuerdo transparente entre las dos partes” matiza Gallardo. “Sin embargo, estamos viendo que, en este tipo de procesos donde es muy seguro que gane el cliente y las cantidades sean importantes, que el abogado se lleve el total de las costas es muy desproporcionado y en la mayoría de las ocasiones el cliente desconoce su importe”, añade.

Actualmente la mayoría de las entidades que disponen de una tarjeta revolving prefieren negociar directamente con los afectados, sin necesidad de pasar por un juzgado. El acuerdo que se suele pactar en estos casos suele ser más beneficioso para el cliente.

También hay que tener en cuenta que al hacer la reclamación por tu cuenta podrás obtener una respuesta en un plazo de un mes y si lo hacer por la vía judicial, todo el proceso de reclamación puede tardar hasta 18 meses.

“Si con una solución extrajudicial se consigue una restitución de dinero suficiente y no se tiene el riesgo de ir a juicio, que puede dar un resultado negativo, optar por esta solución tiene muchos puntos a favor. En mi opinión, solo se debe ir a juicio si no hay una respuesta suficientemente positiva, nunca por arañar unos pocos euros más por el riesgo que conlleva”, asegura el experto financiero de iAhorro.