El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation EU (Próxima Generación UE) con unas ayudas a los estados miembros de 750.000 millones de euros. El objetivo es contribuir a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia de coronavirus. En los objetivos del plan apuntan que la intención de las ayudas persiguen que la Europa posterior a la covid19 sea más ecológica, más digital, más resiliente y mejor adaptada a los retos actuales y futuros.

De los 750.000 millones de euros del plan, más de 140.000 millones van dirigidos a España. Una inyección económica que representa más del 11% del PIB de nuestro país. Cada uno de los Estados miembros están trabajando en sus Planes de Recuperación y Resiliencia para acceder a los fondos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Estos fondos adicionales se aportarán en 2021-2022 con cargo a NextGenerationEU que también aportará fondos adicionales a otros programas o fondos europeos, como Horizonte 2020, InvestEU, Desarrollo Rural o el Fondo de Transición Justa (FTJ).

Los fondos se canalizarán a los Estados miembros a través del presupuesto de la UE para apoyar las prioridades de inversión y reforma. Estas ayudas aprobadas se harán efectivas en el período 2021-2024, pero en el ejercicio 2021-2022 se deben comprometer el 70% del total. En el caso de España los más de 140.000 millones se reaprten de la siguiente manera: 72.700 millones en subsidios y transferencias a fondo perdido y 67.300 millones en préstamos.

El desembolso de estos importes se realizará a lo largo de 6 años, hasta finales de 2026. La parte que corresponde a los préstamos reembolsables se tendrá que devolver antes del 31 de diciembre de 2058.

Una vez lleguen los fondos de esta ayuda europea, el Estado transferirá los fondos a las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos a través de convenios y subvenciones, que deberán estar vinculadas a las políticas públicas de uno de los cuatro ejes prioritarios impulsados por la Unión Europea para otorgar estas ayudas: la transformación digital, la transición ecológica, la cohesión social y territorial y la igualdad.

El Gobierno de España pretende concentrar el esfuerzo de movilización de los más de 70.000 millones en transferencias en los primeros tres años (2021-23), para maximizar su impacto sobre la reconstrucción rápida de la economía. Posteriormente, solicitaría los préstamos para complementar la financiación de los proyectos en marcha.

Para recibir este apoyo financiero los Estados miembros de la Unión Europea deben preparar Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia en los que se establezca el programa de inversiones y reformas para los años 2021-23. Los planes incluyen paquetes coherentes de reformas y proyectos de inversión pública que, además de abordar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, contribuyen a las transiciones verde y digital y potencia la creación de empleo. Las medidas de inversión y de reforma también deben contribuir a aumentar la capacidad de crecimiento económico del Estado miembro en cuestión.

Tras la evaluación positiva del Plan por parte de la Comisión, el Comité Económico y Financiero del Consejo emitirá una opinión sobre el correcto cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el Plan, momento a partir del cual se podrá iniciar el desembolso de los fondos.

Además de las administraciones, las empresas, asociaciones y ONG´s pueden también solicitar algunos de estos fondos. Los diferentes ministerios lanzarán las convocatorias para la presentación de proyectos en los diferentes formatos dependiendo de los sectores y temas.

El Gobierno recuerda que solo financiará gastos no recurrentes que supongan un cambio estructural y tengan un impacto duradero sobre la resiliencia económica y social, la sostenibilidad, la competitividad a largo plazo y el empleo. Esto puede abarcar un amplio abanico de inversiones en capital humano (educación, formación, salud, protección social…), capital fijo (infraestructuras, I+D+i…) y capital natural (fuentes de energía renovable natural, protección y restauración del medio ambiente, mitigación o adaptación al cambio climático…).