El plan del Gobierno para bajar el recibo de la luz al menos un 22%: cómo afecta a tu factura

Luz verde al plan de choque del Gobierno para frenar la factura de la luz, que este miércoles va a llegar a un máximo histórico. La factura de la luz ya se nota en la cesta de la compra, y afecta el día a día de miles de españoles. El Gobierno, que ha tratado de controlar a sus socios de Gobierno para evitar tribunales o problemas con Europa ha puesto encima de la mesa un plan con reducciones fiscales y con un tope a los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Son los socios del Gobierno los que se han puesto la medalla de recortar en 2.600 millones los beneficios de las eléctricas para bajar el precio de la luz. El gobierno fija un precio máximo al gas para evitar que dispare el coste de la factura y reducirá un impuesto que se va a traducir en un ahorro de cuatro euros por consumidor.

La nueva rebaja de la fiscalidad se notará de inmediato en el recibo de la luz. El impuesto de la electricidad pasa del 5 al 0,5 por ciento, el mínimo permitido por Bruselas. La recaudación de este impuesto se transfiere a las comunidades autónomas, por lo que se analizará el impacto en sus cuentas para comprobar si es necesario compensarlas.

Sumado a la rebaja del IVA , el ahorro rondaría los 14 euros. El gobierno limita temporalmente la subida del gas para los consumidores. Pese a los precios desbocados, en la factura pagaremos menos hasta marzo .Eso sí, a partir de abril cuando empiecen a bajar los precios se irá devolviendo el dinero a las compañías a través del recibo. El Gobierno pone el ojo en los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Pretende confiscarlos para abaratar el recibo. Lo mismo que la reducción de retribuciones de hidroeléctrica y nucleares. Ambas se benefician de estos precios desorbitados pese que sus costes de producción son mucho más bajos. Puede que alguna de estas medidas puedan ser anuladas por los tribunales y pagadas a posteriori por el conjunto de los consumidores eléctricos. La promesa es que pese a los precios históricos paguemos lo mismo que en 2018.

El Ejecutivo estima que la rebaja en el recibo hasta fin de año será del 22%, aunque llegará al 30% por efecto de las medidas tributarias acordadas, ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El Gobierno mantiene el compromiso para que la factura final eléctrica que paguen los españoles este año sea “similar” a la de 2018, descontado el alza del IPC. En concreto, que los hogares paguen “un poquito más” de 600 euros a final de año, gracias a las rebajas fiscales y a la reducción un 96% de los cargos del sistema, que afectan tanto a hogares como empresas, en los próximos seis meses.

Para ello bajará la parte regulada un 50% la para la baja tensión (hogares y comercios) y entre un 40%-25% para las grandes empresas e industrias.

La medida más destacada es la minoración de los ingresos extraordinarios de las empresas eléctricas por la subida del gas natural. Es decir que las centrales que no lo usan como combustible en su producción no se beneficien por la subida de los precios marginales en el mercado mayorista eléctrico por la escalada del gas.

El Gobierno toma base la cotización media del gas natural en el mercado ibérico del gas -Mibgas- de 20 euros/Mwh, y las empresas deberán devolver el 90% de los ingresos extraordinarios obtenidos por los precios que se están imputando en las ofertas marginales en el mercado mayorista eléctrico. Unos 2.600 millones de euros hasta el 31 de marzo tomando como referencia los precios actuales, calcula el Gobierno. Estarán sujetas a esa devolución parcial de ingresos las centrales nucleares, hidráulicas y renovables que acuden a mercado. El dinero obtenido servirá para sufragar cargos de la tarifa eléctrica, reduciendo la parte a financiar por los consumidores, tanto los de la tarifa regulada como los del mercado libre. El Gobierno defiende su legalidad, pero reconoce que puede haber recursos judiciales de las empresas en un sector "en el que estamos habituados a la litigiosidad".

El Gobierno inyectará 900 millones de euros adicionales al sistema, para reducir los cargos, provenientes de la recaudación de las subastas de CO2, hasta alcanzar los 2.000 millones durante el ejercicio (para 2021 estaban presupuestado 1.100 millones).

Se prorroga hasta final de año la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica y seguirá en vigor la rebaja del IVA de la luz del 21% al 10%.

Se establece también la obligación de las cuatro grandes eléctricas de subastar una parte de su producción entre pequeñas comercializadoras e industrias para reducir el peso del mercado mayorista eléctrico. La primera deberá celebrarse antes de final de año, e Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP deberán ofertar en conjunto un 6.3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.

Se amplía la protección a los consumidores vulnerables, a los que no se podrá cortar el suministro en caso de impago al menos durante seis meses, frente a los cuatro actuales. Les beneficiará además la nueva figura del suministro mínimo vital, que les garantizará una potencia eléctrica de 3,5 kw en sus hogares.

El plan de choque del gobierno incluye también una medida que beneficiará a los clientes de gas natural con la tarifa regulada, la TUR. Se revisa trimestralmente, la próxima vez será el 1 de octubre, y el gobierno limitará la subida a una media del 4,6% en lugar del 29% que, según sus cálculos, resultaría de aplicarse los criterios habituales. La revisión estará en vigor en los próximos seis meses.

Otra de las medidas consiste en la creación de un nuevo mecanismo para fomentar la contratación de electricidad a plazo, que beneficiará especialmente al tejido industrial. Por otro lado, se modifica la ley de aguas para ordenar su uso como bien ambiental y social de primer orden. Así, nuevos límites mensuales al ritmo de desembalsado y volúmenes mínimos de reserva protegerán el medio ambiente y permitirán el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización de los municipios ribereños. De esta forma se pondrá coto a situaciones como las que en agosto provocaron el vaciado de embalses de Iberdrola.