Los españoles no solo tendrán que volver a votar, sino que además tendrán que pagar otra vez para que haya un Gobierno. Las pasadas elecciones celebradas el pasado 28 de abril nos costaron poco más de 138 millones de euros y las próximas otros 139 millones que no irán a financiar la educación pública, ni la Sanidad.

La inminente llegada de una nueva crisis económica y las claras señales de desaceleración de la economía mundial no ha hecho reflexionar a los políticos, que no se han puesto de acuerdo para formar Gobierno. Sin presupuestos aprobados, el Ejecutivo en funciones tendrá que aprobar una ampliación de crédito para echar a andar la maquinaria electoral.

El presupuesto para los nuevos comicios es el mismo que el de las generales de abril, 138.961.516,72 euros, otros comicios extraordinarios después de la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa, según han confirmado a Europa Press en el Ministerio del Interior, el encargado de la organización.

Sin embargo, en estos no están incluidas las subvenciones a los partidos políticos para los gastos electorales, que también se pagan con dinero público y que no se incluyen en este presupuesto. Para estos gastos, el Gobierno deberá aprobar otro decreto presupuestando las cantidades, aunque se estima que rondarán los 82 millones de euros, y eso que se han recortado un 30%. También hay que incluir a la cifra de 139 millones de euros los finiquitos a los senadores y diputados, que suponen 3,5 millones de euros. Con todos estos números encima de la mesa, la repetición de elecciones costará a todos los españoles más de 174 millones.

Desde 2015 hasta 2019, el gobierno de España ha gastado 540 millones en las cuatro elecciones generales celebradas.

El apartado más caro del dinero dedicado a organizar elecciones generales es el del voto por correo, que se chupa el 40,6% del presupuesto total, con 56,5 millones de euros dedicados a tramitar el voto a distancia, los avisos a los miembros de la mesas electorales, los recursos, la propaganda electoral, etc.

Otro de los capítulos en los que más se gasta, es en la administración electoral que acapara un 14,5% del gasto presupuestado, 20 millones que se van a pagar el coste de las Juntas Electorales, que supervisan el proceso, el de las mesas de votación, con la dieta de 65 euros que se paga por la jornada.

Entre estos casi 139 millones de presupuesto electoral está también el coste de organizar los colegios electorales, los millones de papeletas y sobres, el montaje de mesas urnas y cabinas de votación o el traslado de los electores que lo necesitan, una logística que se repite unas elecciones tras otras (13,1 millones).

También se paga el despliegue policial (14 millones presupuestados) y de representantes de la Administración (7,2 millones), el coste de la Oficina del Censo Electoral (5,8 millones) o la colaboración de los ayuntamientos (7 millones de euros).