José Luis Escrivá ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha constatado un aumento de las jubilaciones anticipadas, hasta el 16% del total en 2019, y una tendencia creciente entre los autónomos a cotizar lo mínimo ante sus "dudas" sobre la viabilidad". Y quiere solucionar ambos problemas, de hecho, es una de las razones por las que fue fichado desde su puesto de presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) desde 2014 hasta 2020.

En una comparativa internacional, ha apuntado que la edad efectiva de jubilación en España es de 64,6 años y la legal de 65,8 años, en línea con los países del entorno, mientras que el nivel de cotizaciones es de una media del 35,4%, en la media. El gasto en pensiones en España es del 10,9%, frente a la media del 12,4% del resto de países, por lo que el punto de partida no presenta "problemas de sostenibilidad". Pese a todo el ministro ha insistido en la necesidad de impulsar los planes colectivos de pensiones -fruto de la negociación colectiva- frente a los individuales con una fiscalidad más favorable y de "potenciar la jubilación demorada" para acercar la edad efectiva de jubilación a la legal.

En todo caso, ha instado a incentivar la demora en la jubilación, incrementando los incentivos económicos por retrasar la jubilación y reforzar fórmulas de compatibilidad con el trabajo que permitan la prolongación de las carreras profesionales.

Según Escrivá, la jubilación demorada puede resultar atractiva a todas las partes, porque genera una pensión mayor, es un ahorro para el sistema y es un ahorro para el empresario por la reducción de cotizaciones. La bonificación por la demora en la edad de jubilación actualmente es del 3,2%, ha precisado.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado este miércoles que su departamento y la Agencia Tributaria llevan meses trabajando para dar una respuesta "relativamente inmediata" en el desarrollo de una estrategia por tramos para lograr de forma "gradual" la cotización por ingresos reales de los autónomos con un modelo "sostenible" en el tiempo, lo que permitirá además, reducir su cuota por debajo de la mínima actual a aquellos que menos facturan y subirlas a los que más.

Así lo ha adelantado durante su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso para informar sobre la renovación de las recomendaciones sobre las pensiones, entre las que figura en el número 4 la referida a promover medidas para aproximar las bases de cotización de los autónomos a sus ingresos reales.

En anticipación a la plasmación de dicha recomendación recogida en el borrador de las recomendaciones del Pacto de Toledo y al acuerdo definitivo, Escrivá ha explicado que su departamento ha trabajado durante los últimos meses con la AEAT y han concluido que es "posible" transitar hacia la cotización de los autónomos por sus ingresos reales "de forma gradual y con un modelo sostenible en el tiempo".

En este sentido, ha subrayado que conviene que el modelo sea "fijo y permanente en el tiempo", si bien ha matizado que hay "fórmulas" para hacerlo sin que se produzcan distorsiones significativas ni a los autónomos ni a la gestión administrativa de las cotizaciones. A este respecto, ha adelantado la implementación de una estrategia por tramos que conllevará que un porcentaje elevado de autónomos vea reducidas sus cotizaciones, mientras que otros tendrían que subirla, y ello de forma "muy gradual y acompasada"."Estamos trabajando en ello, viendo la tecnicidad, los cruces con la AEAT, pensamos que es algo que podemos dar respuesta de una forma relativamente inmediata", ha asegurado.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este miércoles que la crisis no altera el diagnóstico sobre las pensiones y que el impacto en las cuentas de la Seguridad Social es de naturaleza "genuinamente transitoria". No obstante, augura un déficit de la Seguridad Social del 2% del PIB este año, siete décimas superior al del año pasado, y que continúe en el 1,4% del PIB en el año 2023 si no se implementan medidas, como eliminar gastos impropios.

Así lo ha señalado durante su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso para informar sobre la renovación de las recomendaciones sobre las pensiones, en la que ha indicado que el diagnóstico realizado en febrero sobre las pensiones no ha cambiado con motivo de la crisis del Covid-19. Sin embargo, ha indicado que la pandemia ha traído "mucha incertidumbre", por lo que ha apelado a la responsabilidad para dar un marco de referencia a medio plazo "estable y creíble" a pensionistas y a trabajadores próximos a la edad de jubilación.

Escrivá ha augurado que el déficit de la Seguridad Social aumente del 1,3% de PIB en el que cerró en 2019 al 2% del PIB este año como consecuencia principalmente de la caída del PIB y del retroceso "significativo" de ingresos, que se recuperará a partir del próximo año.

Asimismo, ha precisado que este año se está produciendo una aportación extraordinaria del Estado para gastos extraordinarios por el Covid de 14.500 millones que irán dirigidos a la exoneración de cuotas en los ERTE, la prestación extraordinaria por autónomos, la prestación por incapacidad temporal por Covid y el ingreso mínimo vital.

Si no se implementan medidas, y teniendo en cuenta una revalorización de pensiones conforme al IPC real, el déficit de la Seguridad Social se mantendrá en el 1,4% en el año 2023, por lo que ha abogado por eliminar los gastos impropios que tienen "efectos devastadores" sobre la solvencia de las pensiones. En este sentido, ha apuntado que la previsión de déficit del 1,4% del PIB (20.185 millones) de la Seguridad Social en 2023, año para el que estima que los gastos impropios serían del 1,6% del PIB (22.871 millones), por la financiación de gastos impropios, permitiría eliminar el déficit previsto.

Entre las partidas, ha citado la parte de políticas no contributivas que se están financiando con cuotas (11.305 millones), las reducciones en la cotización, como las tarifas planas (1.818 millones), la prestación por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), el complemento de maternidad (1.082 millones), las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.014 millones), el coste de completar las lagunas para el cálculo de la pensión (788 millones) y los gastos de funcionamiento (3.911 millones).