El Gobierno estudia aprobar en el Consejo de Ministros del martes una serie de medidas de carácter laboral para paliar los efectos del coronavirus sobre trabajadores y empresas, entre ellas la agilización de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) en determinados sectores, la concesión de la prestación por desempleo sin exigir periodo de carencia, y la suspensión temporal del pago de cotizaciones a empresas, autónomos y trabajadores, según han apuntado a Europa Press fuentes próximas al Ejecutivo.

Asimismo, el Gobierno está barajando establecer una línea de avales para ayudar a las empresas ante el impacto del coronavirus en sus negocios, así como agilizar la concesión de la prestación por cese de actividad a los autónomos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya indicó el pasado sábado, tras decretar el estado de alarma, que mañana se aprobarían en el Consejo de Ministros medidas económicas y laborales para mitigar el impacto del virus sobre la economía y el empleo.

Las medidas que podrían aprobarse mañana coinciden en gran medida con las que acordaron proponer al Ejecutivo sindicatos y empresarios y organizaciones de autónomos.

En concreto, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme reclaman una nueva regulación de los ERTE, incidiendo en la causalidad vinculada a los efectos del coronavirus, la simplificación de los procedimientos y el acortamiento de los plazos de resolución.

Entre las medidas comunes para los ERTE, los agentes sociales ven imprescindible que se contemple el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia, que los periodos de la prestación por desempleo consumidos durante esta suspensión no cuenten para futuras prestaciones por desempleo y que se suspenda el pago de cotizaciones sociales por parte de las empresas. Las dos primeras medidas se piden también para los trabajadores fijos-discontinuos.

En su propuesta, las medidas adoptadas por las administraciones por motivo de salud pública (cierre de centros, cancelación de actividades, restricciones a la movilidad de personas o mercancías, aislamiento para evitar el contagio, o carencia de suministros, entre otros) podrán justificar ERTE "por fuerza mayor".

Por otro lado, si el ERTE es por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, apuntan en su propuesta que, con carácter extraordinario, resulta "imprescindible" adaptar la definición de las causas a la situación provocada por el coronavirus, a los efectos de facilitar la tramitación del ERTE correspondiente.

Así, creen que esa redefinición puede contemplar, entre otras, situaciones como la caída precipitada y repentina de la facturación o de la demanda de actividad o la ruptura de la cadena de suministros. La documentación justificativa deberá ceñirse a acreditar la existencia de la causa y su relación con el coronavirus.

También proponían al Gobierno que el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa en un ERTE no superara los cinco días desde la comunicación fehaciente de la empresa de iniciar este procedimiento. Además, creen que el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores no debe exceder el plazo máximo de 7 días y que el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al que debe atribuirse carácter potestativo para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de 7 días.

Otras medidas propuestas por los agentes sociales pasan por completar hasta el 100% el salario de los trabajadores aislados o contagiados (la Seguridad Social les considera de baja por enfermedad profesional y les abona el 75%); regular y facilitar la atención del cuidado de hijos y mayores de primer grado con nuevos permisos retribuidos, y facilitar la realización del teletrabajo en sectores y empresas donde no esté implementado.

Por su parte, las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae también acordaron hacer al Gobierno una serie de propuestas para paliar los efectos de esta crisis sanitaria entre los autónomos.

En concreto, reclaman el reconocimiento y la concesión automática de la prestación por cese de actividad para aquellos autónomos que se vean obligados a cerrar sus negocios por la crisis o que deban quedarse en casa para el cuidado de hijos o dependientes; bonificaciones del 100% de las cuotas para quienes abandonen su actividad para cuidar de hijos o personas dependientes, y bonificación del 100% de la cuota de Seguridad Social a los autónomos infectados por el coronavirus o en cuarentena.

Actualmente, estos autónomos perciben el 75% de su base de cotización pero se ven obligados a seguir abonando la cuota excepto cuando dicha baja se extiende más allá de los 60 días, lo que, según han denunciando ATA, UPTA y Uatae, reduce "de forma importante" sus ingresos.

ATA, UPTA y Uatae apuestan además por que aquellos trabajadores autónomos con asalariados a su cargo que se vean obligados por las circunstancias a realizar un ERTE, se bonifiquen el 100% de las cuotas de los seguros sociales de los trabajadores afectados por la medida.

Abogan también por estudiar la necesidad de dotar de liquidez a todos los sectores de autónomos y establecer mecanismos de flexibilidad para el pago de obligaciones vinculadas a la actividad (hipotecas, alquileres, suministros) durante el tiempo de inactividad y falta de ingresos.

En declaraciones a Europa Press, UPTA ha afirmado que el cese de actividad para todos los autónomos que por causa de fuerza mayor deban cerrar sus establecimientos o cesar su actividad temporalmente es una propuesta que va "en la dirección" de la que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere proponer.

Con esto, según apunta su presidente, Eduardo Abad, se estaría salvaguardando "lo principal" que es que si un autónomo no genera recursos económicos no tenga gastos de la administración.

Abad ha señalado también que quedará por determinar si en las medidas que se aprueban mañana se incluyen medidas también a las personas que tienen que cesar su actividad por cuidado de personas a su cargo.